Después de más de ocho meses de negociaciones, el Gobierno y los agentes sociales han rubricado el acuerdo para la reforma de las pensiones en el Palau de la Moncloa. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que este acuerdo garantiza la viabilidad del sistema público de pensiones y "marca un hito importante en la legislatura".
Además, Sánchez ha añadido que este acuerdo "es el primero de muchos otros que están por venir" después de rubricar este primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones. Este pacto se ha cerrado "después de uno intenso, pero imprescindible debate con los agentes sociales" y cumpliendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha asegurado Sánchez, quién ha añadido que "es solo el principio de una importante reforma que marcará un antes y un después del sistema público de pensiones".
Durante el acto, el presidente español ha detallado los principales puntos de esta reforma y ha resaltado que buscan conseguir "un sistema público de pensiones totalmente viable y sostenible", al mismo tiempo que trata de dar "confianza" a los ciudadanos mayores para que "tomen sus decisiones vitales en libertad".
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, grabando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Efe
Con este acuerdo "trascendente", ha dicho Sánchez, el Gobierno quiere saldar una de las principales demandas sindicales y compromisos marcados que es "la retasación de las pensiones con el IPC, para que los pensionistas nunca vuelvan a perder poder adquisitivo".
"Si hay una clave de bóveda del estado del bienestar, es el sistema público de pensiones", ha asegurado Sánchez delante de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de Cepyme, Santiago Aparicio.
¿Qué implica esta reforma?
Como ya se ha dicho muchas veces, el pacto firmado hoy es solo la primera parte de la reforma de pensiones que España se comprometió a hacer con Bruselas en el Plan de Recuperación. Dentro de este primer pacto se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones aprobada por el PP el año 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
Es por eso que el acuerdo, desarrollado en forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular la revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al principio del año.
Tal como ha avanzado en múltiples ocasiones el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar la jubilación anticipada del mercado laboral cuando esta es voluntaria. Así, el texto limita con carácter general las jubilaciones forzosas: se prohíben antes de los 68 años y solo se permitirán en los sectores con baja presencia femenina, en los cuales la salida del trabajador jubilado forzosamente comporte la contratación de una mujer, y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al cobro del 100% de su pensión por haber tenido una larga carrera.
Al mismo tiempo, esta reforma también penalizará todos aquellos trabajadores que se acojan a la jubilación anticipada voluntaria. En este caso se aumentan las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero se rebajan para los que lo hagan en el resto de posibilidades: 22 meses antes, 21 meses antes... Se trata de que las personas que se jubilan anticipadamente de forma voluntaria retrasen dos o tres meses su decisión para obtener una pensión mejor que con las reglas actuales. Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria (a la cual acceden, incluso cuatro años antes de la edad legal, las personas que han perdido su trabajo) se mejoran en todos los casos.
Si la jubilación anticipada se desincentiva, la que se incentiva con esta nueva reforma es la jubilación demorada. Se prevé una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que podría llegar a los 12.060 euros) por cada año que un trabajador decida retrasar su edad de jubilación más allá de la edad legal.