El gobierno de Pedro Sánchez ya tiene prácticamente ultimada la creación de un fondo de pensiones público que competirá con los fondos de pensiones privados. La ley que regulará este fondo impone que tenga una comisión inferior a la que cobran los privados, concretamente será de un 30% de lo que hacen pagar los fondos privados.
La competencia entre el Estado y la banca será un hecho. La legislación que está ultimando el Ministerio de Seguridad Social, según ha adelantado la Cadena SER, fija una comisión máxima de un tercio de lo que cobran bancos y fondo de pensiones. Así la comisión de apertura será del 0,5%, enfrente del 1,25% que cobran los fondos privados. La comisión de depósito también será inferior, del 0,1% enfrente de la del 0,2% que ahora determina la ley.
¿Quién se podrá acoger?
Podrán acogerse este fondo de pensiones público las empresas, mediante la firma de convenios colectivos, las administraciones públicas y trabajadores autónomos.
El fondo de inversiones público podrá invertir en activos de riesgo cuando los suscriptores sean jóvenes, mientras que estará obligado a adoptar estrategias conservadoras y sin riesgo cuando se acerque a la edad de jubilarse del titular del fondo.
¿Cómo y quién lo controlará?
La ley que está ultimando el ministerio de Seguridad Social garantiza el control del fondo público mediante dos mecanismos. Por una parte la Comisión Promotora y de Seguimiento, que fundará los fondos de pensiones, integrado por cinco funcionarios de carrera. La Comisión de Control, integrada por cuatro representantes de los sindicatos, cuatro de la patronal y nueve de la Seguridad Social, velará también por los fondos.
¿Quién puede participar?
Los bancos y fondos que quieran participar en este fondo de pensiones público tendrán que cumplir una serie de condiciones: Para gestionarlo tendrán que tener un patrimonio mínimo de 1.000 millones de euros, y para ser depositarios, las entidades bancarias tendrán que tener, al menos, 10.000 millones en fondo de pensiones.