La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no invalida el resultado de las elecciones en la Cambra de Barcelona celebradas en el 2019. Según ha podido saber ElNacional.cat, ni el auto de este miércoles ni el pronunciamiento del TSJC sobre este caso hace "ninguna mención al proceso electoral ya celebrado o el resultado" de las elecciones, por lo tanto, la actividad de la Cambra de Barcelona y de las otras cámaras catalanas seguirá con normalidad hasta las próximas elecciones, previstas para el año 2023, según informan fuentes del Departament d'Empresa i Treball. Asimismo, las mismas fuentes informan que "el Govern hace meses de que trabaja en el nuevo decreto electoral que, una vez aprobado, regulará los comicios que se convocarán y celebrarán durante el próximo año, de acuerdo con el plazo que establece el Estado".

Este pronunciamiento del Govern llega después de que el TSJC haya confirmado la nulidad del decreto del Ejecutivo catalán regula los últimos comicios a las cámaras de comercio catalanas al no admitir a trámite un recurso del Ejecutivo catalán alegando que el documento omitió la participación ciudadana en el momento de elaborarse la norma. Después de la publicación de la sentencia, fuentes de la Cambra de Barcelona ya han afirmado en ElNacional.cat que de no han recibido ninguna resolución ni auto para cesar su actividad o disolver el pleno y que las consecuencias que se derivan "no es la suspensión de las elecciones", sino el decreto 175/2018 del Departamento de Empresa, en el cual se convocaban las elecciones. Además, han añadido que seguía en pie la celebración del pleno de la Cambra de Barcelona tal como estaba previsto donde se votará, y previsiblemente se aprobará, una declaración de apoyo al Consell per la República, un cambio de escudo de la corporación y la limitación de los renombres "sillas de plata".

En la resolución de este miércoles, el TSJC confirma una sentencia emitida el año 2020 en la cual se estimaba un recurso interpuesto por la empresa Staff Pavillion, vinculada al presidente de la Asociación de Franquiciadores, contra el Departamento de Empresa. La sentencia en cuestión sostiene que la Generalitat omitió el trámite de la participación ciudadana cuando elaboró la norma y consideró que los motivos de urgencia que alegaba la administración catalana no son aceptables.

Pleno polémico

con esta nueva aclaración sabemos que se celebrará uno de los plenos más polémicos de la Cambra de Barcelona de los últimos años donde se votará una declaración a favor del Consell per la República, y de su presidente Carles Puigdemont, un cambio de escudo y una modificación de los estatutos para limitar a dos las sillas de plata, es decir aquellos escaños del plenario que se consiguen a cambio de pagar una cantidad de dinero. Con respecto a la declaración de apoyo al Consell per la República, el texto que se someterá a votación aboga por la necesidad de que Catalunya tenga una "política económica valiente" que ponga el tejido productivo catalán en el centro y más después de la constatación de la falta de inversiones en Catalunya por parte del Estado. Además, el texto defiende que la Cámara reivindicará la independencia de Catalunya porque "la mejor política económica" para Catalunya es la de contar con un Estado propio "que permita que Catalunya y su tejido empresarial se encuentren entre las economías más desarrolladas de Europa".

Con respecto al cambio de escudo, la propuesta del gobierno de la corporación se basa en una versión más antigua del escudo de la Llotja de Mar forzando la desaparición de la corona borbónica, hecho que liga con la declaración de apoyo al Consell per la República. El actual escudo de la Cámara fue diseñado el año 1758 por Francesc Tremulles. Con respecto al cambio de estatutos, la intención es reducir quiere reducir al mínimo las "sillas de plata" y pasar de un máximo de 14 actuales a un máximo de dos. La propuesta es que estas sillas de plata se cambiarán por la figura de socios institucionales que seguirían pagando, y a cambio podrían participar en comisiones o grupos de trabajo. Pero estos socios institucionales no tendrían voto, porque no formarían parte del pleno. La intención de Roca es que las elecciones, previstas en principio para mayo del 2023, se celebren ya con el nuevo sistema.