El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado este viernes la ayuda solicitada por Celsa por valor de 550 millones de euros. Estos 550 millones se entregarán a la empresa catalana a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones con cargo en el Fasee. Ahora bien, como el importe del préstamo participativo es superior a 250 millones de euros, es necesaria la autorización por parte de la Comisión Europea antes de su elevación en el Consejo de Ministros.
La operación ha sido aprobada después de un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de la empresa, del impacto que ha sufrido por la Covid y del plan de viabilidad de CELSA España (Barna Steel S.A. y sus 13 filiales españolas operativas), de la reestructuración de la deuda con sus acreedores, así como de las perspectivas de evolución de la compañía y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que recibirá. Según el mismo comunicado, la SEPI asegura que durante el proceso han participado asesores independientes, responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y analizar la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad presentado por el grupo industrial. Estos expertos han analizado también el impacto de la covid en la situación del solicitante de la financiación y el sector al cual pertenece.
Este acuerdo llega un mes y medio después de que la SEPI diera el visto bueno preliminar al expediente de Celsa para su rescate, solicitado el año 2020, durante la primera ola de la pandemia. La SEPI concluyó el 15 de marzo el análisis de la solicitud con cargo en el Fasee solicitada por Celsa, quien aceptó los términos y condiciones fijados por el Fasee para la concesión de la ayuda. Hay que recordar también que Celsa cuenta con una deuda superior a los 2.000 millones de euros en España y cerró 2021 con una facturación de 5.300 millones y un ebitda en torno a los 600 millones a escala global, y cuenta con 4.500 trabajadores a España y cerca de 10.000 en toda Europa. Para Celsa España la crisis ocasionada por la pandemia generó caídas en sus mercados naturales del 25% en 2020, año que lanzó un resultado negativo de 364 millones de euros.
El fondo gestionado por la SEPI ha aprobado desde su formalización hasta finales de abril 19 expedientes por un importe de 2.125 millones de euros, lo cual supone el 40% de los 5.310,5 solicitados, según los datos actualizados facilitados por el holding público. Además, el Fondo, dotado con 10.000 millones de euros, ha formalizado hasta esta fecha el cierre de expedientes correspondientes a solicitudes no elegibles por valor de 444,7 millones.
3.000 millones en ayudas
Con este anuncio, Celsa recibe la ayuda mayor de las que ha concedido hasta ahora el Fasee, uno de los instrumentos de apoyo a la economía a escala europea para contrarrestar los efectos provocados por la Covid, que ha desembolsado hasta ahora unos 3.052,62 millones de euros en 24 empresas, un 30,53% de los 10.000 millones de los cuales estaba dotado. El fondo que gestiona la SEPI se cierra el próximo 30 de junio, que es cuando finaliza la prórroga de la Comisión Europea en el marco temporal de ayudas estatales por la covid que ampara la constitución de este.
En una situación muy parecida a la que estaba Celsa hasta hoy se encuentra Abengoa, que está pendiente de una ayuda de 249 millones, para su filial operativa Abenewco 1, que aglutina los activos más valiosos y la actividad de la matriz. El rescate de Abengoa, en concurso de acreedores desde febrero de 2021, pasa por la entrada de un socio en Abenewco y la única oferta vinculante que está sobre la mesa es la del fondo norteamericano Terramar Capital. No obstante, su entrada está acondicionada a la obtención de los 249 millones de rescate, que a su vez activaría el resto de la reestructuración, con un máximo de 300 millones de avales de los bancos para poder abordar proyectos.