Los magistrados del Supremo han iniciado hacia las 11 de la mañana la reunión para debatir el desenlace del lío hipotecario, que tiene que resolver quien pagará a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, si los bancos o los clientes; y en caso de que se inclinen por la banca, también hay que decidir si hay retroactividad o no en esta nueva sentencia. Con todo, podría pasar de que la decisión no se tomara hoy, ya que la situación es delicada, y desde el Supremo aseguran que el veredicto se podría alargar.
El pleno está formado por 31 magistrados pero tres no asisten a la sesión extraordinaria. Por lo tanto, la decisión la tomarán 28 magistrados. Todos ellos pueden intervenir a la sesión extraordinaria, que se prevé larga, e incluso podría ser que la decisión no se conozca este lunes. Según fuentes del tribunal, está previsto que el Supremo emita un comunicado con la decisión que adopten.
Las opciones del Supremo
El Tribunal puede analizar la sentencia, pero no la puede cambiar. Todo apunta que la decisión final seguirá en la línea que es el banco a quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), pero hay que definir si hay retroactividad. En caso de que se decida que hay y que, por lo tanto, los clientes pueden pedir que se les devuelva el dinero del AJD ya abonado, y lo pedirían a las administraciones de las comunidades autónomas, que son las que tienen transferido este impuesto.
Al mismo tiempo, se podría dar el caso de que las CCAA pidieran a los bancos que pagaran ellos lo que ahora habrían devuelto a los clientes de las hipotecas, en concepto de impuesto AJD retroactivos. Aunque la cifra que tendrían que asumir las entidades bancarias dependerá de los años de retroactividad, se sabe a ciencia cierta que puede suponer una gran cantidad de dinero -se ha llegado a hablar de cifras similares a las de un rescate bancario.
La estrategia de los bancos
En vistas de las posibles consecuencias, los bancos también han dado su mensaje a través de los medios de comunicación. Coincidiendo con las presentaciones de resultados de varias entidades la semana pasada, en pleno lío del Supremo y las hipotecas, la banca soltó el mensaje que "es una sentencia injusta". Sobre todo, del que se quejan los bancos es de la opción que exista retroactividad, ya que aseguran que "nosotros hemos cumplido la norma, y no es justo que ahora se nos castigue por haberlo hecho". Además, alegan también a que una norma fiscal no puede ser retroactiva porque genera una gran inseguridad jurídica.
Amenazas, presiones e incertidumbre
Recordamos que todo este lío vino dado por una mala gestión de la decisión. La publicación de la sentencia y la posterior congelación -el día siguiente- por parte del Tribunal Supremo es algo que no tiene precedente, y el órgano judicial ha sido fuertemente criticado por esta "mala gestión". Incluso Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, admitió que "no se había llevado bien el caso de las hipotecas".
Y no sólo eso. El caso hipotecario toca tantos frentes que ha encendido clientes, bancos e incluso la política. La repentina congelación después de que los bancos perdieran con fuerza en bolsa por la nueva sentencia levantó el debate sobre la independencia de las decisiones del Supremo y el poder, o hasta qué punto había habido presiones entre la banca y la justicia. Incluso Podemos se querelló contra el juez que había parado la sentencia de las hipotecas, alegando "un delito de prevaricación judicial". Una querella, sin embargo, que el Supremo archivó al cabo de poco.
Todavía hoy Podemos se ha vuelto a hacer oír, llamando a movilizarse en caso de que "el Supremo ceda a los intereses de los bancos", en palabras de Pablo Echenique. Con todo, sólo queda esperar para ver qué decide el Supremo.
Antecedentes
El pasado 18 de octubre, tres sentencias cambiaron el criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y fijaron que lo tenía que pagar el banco. En cambio, en febrero habían dictaminado que tenía que hacerlo el cliente. La decisión tuvo fuertes consecuencias en la banca y en la bolsa, motivo por el cual, alegando las consecuencias "económicas y sociales" de la nueva decisión, el día 19 de octubre el presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa, Luís María Díez-Picazo, optó para frenar la sentencia y convocar este pleno.
Como era de esperar, justo después de congelar la decisión, las pérdidas de los bancos a bolsa empezaron a frenar; de todos modos, la noticia hizo perder a los bancos más de 5.600 millones de euros, y en el total de la semana después del 18 de octubre -semana acompañada de la incertidumbre con el tema hipotecario- la banca española sufrió caídas en sus cotizaciones de entre el 9% y el 20%.