La Generalitat, a través de Inspección de Trabajo, ha abierto una actuación de oficio a Ryanair para comprobar si la aerolínea ha vulnerado los derechos de su plantilla a la base de Girona, después de poner nuevas condiciones a cambio de no cerrar la base. Así lo ha anunciado el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, a través de un tuit.
Este procés se debe a la decisión de Ryanair de no cerrar finalmente la base de operaciones que tiene en el aeropuerto de Girona, pero a cambio de rebajar las condiciones de trabajo de los empleados, haciéndoles aceptar pasar de un contrato fijo en uno discontinuo, que obliga a tres meses de paro cada año. También se les cambiará la categoría profesional pasando de tripulación de cabina a agentes de servicio de atención al cliente.
Desde Trabajo se pretende comprobar si la decisión empresarial de Ryanair con respecto a la plantilla de Girona "está ajustada a derecho, ante una posible vulneración del procedimiento establecido para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como la medida alternativa que propone la empresa en caso de desacuerdo con estos cambios." En este sentido, aseguran que desde el Departamento "se quiere garantizar que la llegada y el mantenimiento de empresas en nuestro país no se haga a costa de los derechos laborales".
Denuncia de los sindicatos
El sindicato USO de Ryanair ya hace días que se queja de las decisiones de la empresa, principalmente porque "precariza a los trabajadores" y la nueva tipología de contrato implica que no se tendrá en cuenta la antigüedad de los empleados. Además, su portavoz, Lídia Arasanz, ha denunciado este jueves que Ryanair no considera válidos los contratos en que los trabajadores de la base de Girona hacen constar en un anexo su disconformidad con las condiciones propuestas por la aerolínea a cambio de no cerrar la base.
Según Arasanz, la respuesta que recibieron de Ryanair dos días después es que, al no ser válidos, irían a la calle a partir del día 8 de enero, fecha que la aerolínea había previsto cerrar la base. "No hemos modificado ninguna parte del contrato", ha defendido Arasanz, que ha añadido que sólo han hecho constar que "había cláusulas que no sabíamos hasta qué punto estaban dentro de los mínimos de los derechos de los trabajadores".
Arasanz ha explicado que ha podido exponer el caso a los representantes de la CE y ha celebrado encontrar un "buen feedback" y que haya servido para intercambiar puntos de vista. Según ha comentado, "son muy conscientes de esta realidad" y que el modelo de contratación "friega los niveles de legalidad", además de las "amenazas y coacciones" a los trabajadores de la base de Girona. La portavoz de USO, además, ha dicho que no descarta otros casos como el de Vilobí d'Onyar.