El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación iniciada el pasado mes de junio a raíz de una denuncia de Ciudadanos por el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), han informado a Europa Press fuentes de la formación denunciante.

El auto de archivo, dictado por Felipe García Ortiz, expone que la investigación se ha centrado en aclarar si tiene fundamento la denuncia de Ciudadanos sobre la concesión a Plus Ultra del rescate de 53 millones ha producido un “menoscabo en los fondos públicos”. El motivo de ese daño se debería, según el partido dirigido por Inés Arrimadas, a que la citada empresa no reuniría los requisitos exigidos “para ser beneficiaria de dicha ayuda”.

En este sentido, la resolución del Tribunal constata que “la ayuda financiera percibida hasta el momento por la aerolínea por importe de 19 millones de euros, es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos”.

El auto añade que “un perjuicio a los fondos públicos por la concesión de este préstamo se produciría por su aplicación a finalidades distintas a las que fue concedido”, o por “su falta de amortización en los correspondientes plazos de vencimiento o por impago de los intereses que, en su caso, se hubieran pactado”. La jurisdicción contable sería la encargada de pronunciarse sobre todas estas circunstancias, pero “no han sido objeto de la acción pública ejercitada”.

Descarta las tesis de Ciudadanos

Con el archivo, el Tribunal de Cuentas descarta así la tesis de Ciudadanos sobre el presunto menoscabo de fondos públicos. Por parte de Ciudadanos está previsto presentar un recurso contra esta decisión, según han informado Europa Press. La denuncia fue presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio.

Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existen infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.

La admisión de la denuncia de Ciudadanos supuso la apertura de una pieza de Acción Pública y la designación de un instructor de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que finalmente no ha encontrado indicios y ha archivado las actuaciones.

Rescate frenado

A la vez un juzgado madrileño suspendió el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que ha dado un plazo de cinco días, que finaliza este martes, para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la SEPI.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la covid-19 ha puesto en una situación difícil.

Fuentes cercanas a la SEPI explicaron que el pasado 14 de julio el organismo, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo, cuyo segundo pago estaba previsto para el 28 de este mes. Además de dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, así como a la abogacía del Estado.

"No existe impedimento legal para abonar el dinero"

Deloitte concluyó que no existe impedimento legal alguno para abonar a la compañía aérea la cantidad pendiente, en tanto que la abogacía del Estado advirtió de que sin este desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea y recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.

Asimismo, prosiguen las mismas fuentes, la SEPI envió un informe elaborado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia con destino al Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos, que el pasado 15 de junio se dirigió al tribunal para que analizara si había indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.