El Tribunal Supremo reconoce a los riders —repartidores de las aplicaciones— como falsos autónomos. Hasta ahora no había un consenso mínimo sobre esta cuestión, pues algunos juzgados fallaban a favor de las empresas (considerando autónomos a estos empleados), mientras que otros afirmaban que la relación entre la empresa y el repartidor tenía una naturaleza laboral.
Se trata de un sector que multiplica su actividad y facturación de manera exponencial año tras año, mientras que cada vez más trabajadores optan por unirse a estas empresas para encontrar una salida laboral. Después de muchas discrepancias, el Tribunal Supremo ha impuesto su criterio, el cual considera que existe una relación de naturaleza laboral entre Glovo y un repartidor. Por ello, rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Supremo añade que la empresa “no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores”, pronunciándose en el mismo sentido que el fiscal, que en su escrito se había decantado también por ver como asalariados a los repartidores. Estos empleados no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, sino que prestan su servicio "insertados" en la organización de trabajo del empleador.
Glovo responde
Desde Glovo se ha apuntado en un comunicado que se respeta la resolución, a la espera de una “definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa”. La compañía recuerda que en los tribunales “el debate se encuentra abierto”, con sentencias de un tono y otro, tanto validando como tumbando el modelo, algo que se ha trasladado a otras firmas del sector como Deliveroo.
Una de las claves del hasta ahora modelo de autónomos de Glovo —que también tienen otras empresas como Deliveroo o UberEats— es el bajo coste que deben asumir la empresa respecto a los repartidores. En un modelo en que se asumiera a los trabajadores como asalariados, la compañía debería asumir un mayor coste en Seguridad Social por temas como el derecho a paro, las vacaciones pagadas, los cursos de prevención de riesgos laborales; entre otros. Según un informe de UGT, las plataformas digitales en España dejan de pagar 168 millones de euros al año con este modelo laboral.