Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en materia climática la Unión Europa (UE) ha aprobado una batería de medidas para reducir un 55% las emisiones de CO₂ con respecto a 1990 de cara al 2030. La principal diferencia con otras medidas anteriores de la UE es que esta vez las políticas climáticas no se han centrado solo en la actividad industrial, sino que ahora se apunta también a las emisiones de la población, a quien se quiere hacer pagar para contaminar más del permitido.
La propuesta de crear un mercado de emisiones para viviendas y transporte a partir del 2026 (como ya está pasando en el sector industrial) arrastra con ella una subida en las facturas. Los expertos aseguran que habrá "que "compensar" este incremento en las facturas en ámbitos tan cruciales como la calefacción y la refrigeración de hogares o el transporte.
Por este motivo las últimas medidas climáticas aprobadas por la Comisión Europea han sido de las más controvertidas en este ámbito. Todavía no se sabe qué efecto concreto tendrá en los bolsillos de los ciudadanos europeos, pero sea mayor o menor hace falta tener en cuenta que se trata de dos ámbitos de la vida cotidiana -hogar y transporte - de primera necesidad y donde cada aumento del precio tiene un impacto, en especial en la población más vulnerable.
La UE, consciente del impacto social que pueden llegar a tener las nuevas medidas, ha propuesto un fondo de 72.200 millones de euros, de los cuales España puede recibir hasta 7.600 millones.
Equilibrio entre impacto social y climático
El director de políticas de Carbon Market Watch, Sam Van den Plas, alerta de que la medida puede tener un "impacto social negativo" y jefe de sostenibilidad de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Dimitri Vergne, defiende que hacen falta "compensaciones" en la población para afrontar los costes de la transición, en declaraciones en la ACN.
Vergne considera "preocupante" el posible impacto del incremento de los precios de los hogares "sin que se den alternativas más limpias". Por su parte, Van den Plas augura que el impacto será mayor en el caso de los hogares más vulnerables, que también tendrán más dificultades para cambiarse a sistemas menos contaminantes.
¿Cambiar a las energías renovables es un plan fantástico para aquellos que se lo pueden pagar, pero que pasa con quién no puede? ¿Recibirá un castigo por su falta de recursos? En este sentido está donde Van den Plas cree que la nueva medida se tiene que analizar "con cuidado". El director de políticas del Carbon Market Watch defiende seguir poniendo el foco especialmente sobre la industria. Considera que es "clave" que todos los sectores industriales "empiecen a pagar" para contaminar más. Con títulos para contaminar gratuitos por algunos sectores que progresivamente se tienen que ir eliminando, Van den Plas cree que eso se tiene que corregir.
¿Pero, de todos modos, es el aumento del precio de los recursos energético una medida disuasiva efectiva en la población? El director asociado de la consultora Cambridge Econometrics, Jon Stenning, admite que es más difícil que los consumidores cambien su comportamiento con una subida del precio de la energía. "El impacto del precio tiene un efecto más pequeño que en la industria", argumenta.
Imagen principal: Dos manifestantes contra la pobreza energética / ACN