Sobran motivos para lo que, con acierto, ha denunciado Diana Riba poniendo negro sobre blanco a lo que sí fue y sigue siendo un auténtico caso de lawfare, como es la persecución del independentismo catalán. Hay exiliados, presos políticos, miles de personas en diferentes causas judiciales y, de rebote, una ley de amnistía que el gobierno socialista se resiste a publicar en el Boletín Oficial del Estado haciendo un uso torticero y aprovechado de lo aprobado en el Congreso de los Diputados con un trámite de urgencia. Y unos fiscales del Tribunal Supremo que defienden que al president Carles Puigdemont y a los condenados por malversación en el juicio del procés no se les puede aplicar la amnistía. Todo ello mientras se intentan abrir nuevas causas que sorteen la ley de amnistía con la sorprendente aparición, con mucha frivolidad, de delitos de terrorismo.

Todo vale y eso no guarda similitud, se mire por donde se mire, con el melodrama de Pedro Sánchez, que, en su momento, ya veremos en qué queda, pues solo estamos ante una citación como investigada por un juzgado de Madrid. Riba ha asegurado que, por experiencia propia, conoce las actuaciones de la justicia española. También, en una carta pública —feliz regreso al pasado epistolar aunque sea provisional— le recuerda a Sánchez que es la primera campaña como candidata de Esquerra a las europeas que puede hacer con "relativa normalidad", ya que su pareja, Raül Romeva, "a quien también amo con locura, pasó 1.221 días en la prisión por hacer un referéndum". Y no falta una oportuna pulla directamente a la mandíbula del socialista: del total de días encarcelado, Romeva pasó 33 bajo el gobierno del PP de Mariano Rajoy y 1.188 bajo un gobierno socialista "encabezado por usted".

Cualquier pareja de los presos del procés hubiera podido explicar su propia historia que poco diferiría de la de Riba. Y también compartiría el vaticinio final, por otro lado, aplicable a todos los partidos, que el PSOE no es lo que dice, es lo que vota. También se podría agregar que es lo que hace. Y, en ocasiones, incluso, lo que hizo y el rastro que ha dejado. Este jueves el Tribunal Constitucional, en uno de estos juegos de manos, curiosamente tan oportunos, a los que ya estamos acostumbrados, ha aprobado por unanimidad dar la razón a un recurso de amparo del PSC que reclamaba declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament del 18 y el 19 de abril del 2023, que habilitaban un sistema para que el conseller exiliado Lluís Puig, diputado en el Parlament antes y también ahora, pudiera votar.

El PSOE no es lo que dice, es lo que vota; también se podría agregar que es lo que hace y, en ocasiones, incluso, lo que hizo y el rastro que ha dejado

Como solución, el Parlament impulsó un voto telemático transitorio para permitir que Puig participara, pero esto ha sido cortocircuitado. Por extensión, se puede entender que tampoco es válido para Puigdemont. Todo ello, cinco días antes de la constitución de la nueva Mesa del Parlament en la tarde del lunes, es una complicación más en los pactos que se están intentando. Tendría que ayudar a facilitar un acuerdo entre Junts y Esquerra, pero en la política catalana nada es claro y la niebla siempre es espesa. El PSC denunció que era un acuerdo torpe que solo buscaba contravenir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No le faltaba razón, pero en política las cosas vuelven como un boomerang y siempre en el momento más inoportuno. Yo no sé qué haría ahora el PSC si hubiera pensado que le estallaría esta semana, aunque supongo que mirar hacia otro lado. Hubiera sido lo más inteligente.