Se ha normalizado tanto que Pedro Sánchez incumpla sus compromisos políticos que el hecho de que el gobierno español se haya negado ahora a desclasificar los documentos del CNI sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils acabará ocupando un lugar pequeño en la información política de este martes. No estamos hablando de algo que sucedió hace décadas. Fue el pasado 25 de septiembre, en un contexto en el que seguramente el Gobierno debía tener que superar alguna votación parlamentaria, cuando el Ejecutivo español, a través del ministerio de Defensa, anunciaba que cumpliría una vieja reivindicación de Junts per Catalunya y que ese era el compromiso de Pedro Sánchez. El compromiso era, además, impecable: que querían desvanecer todas las desconfianzas que había en torno al Centro Nacional de Inteligencia y su papel en 2017 y, además, que no tenían nada que esconder.

Es verdad, en parte al menos, que cuando Junts se planta el Gobierno suele dar marcha atrás, por miedo a represalias de los siete diputados con los que cuenta en el Congreso de los Diputados y que son determinantes en las votaciones. O, como sucedió la semana pasada en la negociación de la reforma fiscal, enmendarse a sí mismo después de acordar con Esquerra, Bildu y BNG una medida con las energéticas y desdecirse cuando aún no había transcurrido ni una hora. La legislatura española, que aún no ha llegado al año y medio, se ha transformado en un camino de obstáculos para todos: en primer lugar para el Gobierno, que no sabe nunca qué medidas va a conseguir aprobar; pero también para los socios que negocian una cosa y nunca saben si acabará siendo así y mucho menos si tendrá algún resultado práctico o acabará quedando como una promesa incumplida.

La legislatura española se ha transformado en un camino de obstáculos para todos: en primer lugar para el Gobierno, pero también para los socios, que negocian una cosa y nunca saben si acabará siendo así

Lo cierto es que para cuando este martes Félix Sanz Roldán, director del CNI en aquellas fechas y que dejó el cargo en 2019, comparezca en la comisión parlamentaria para analizar las vinculaciones entre Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll, y la agencia de inteligencia española, la documentación prometida no habrá llegado y su presencia quedará inevitablemente coja. La documentación no enviada desde el Gobierno a la comisión debería ser clave, ya que los atentados de agosto de 2017 se llevaron a cabo por jóvenes bajo la influencia del imán de Ripoll. Las fechas son enormemente claves, puesto que si inicialmente fue en 2012 juzgado por narcotráfico y con muchas posibilidades de ser expulsado a Marruecos, su actitud cambió y empezó a recibir visitas en 2012 de la Guardia Civil y en 2014 fue contactado por el CNI para reclutarlo.

Ahora habría que aclarar si en 2017 seguía siendo un informante del CNI, como se sospecha, o bien ya se le había perdido la pista. El independentismo ha querido desde el primer momento dilucidar esta ecuación y para ello insistió durante años en la aprobación de la comisión de investigación en el Congreso, algo a lo que el Gobierno de Sánchez se resistió. La investidura de Sánchez tras las elecciones del pasado mes de julio abrió a Junts una nueva pantalla de oportunidad y se incorporó a los acuerdos de investidura. Pese a ello, el PSOE fue dando largas y más largas, hasta que, al final, se constituyó. Se inició entonces la segunda batalla, que fue la de los papeles del CNI. Nueva dilatación de los tiempos hasta que en septiembre pasado el gobierno dio su brazo a torcer. O, al menos, esto parecía hasta este lunes que todo ha quedado, al menos por ahora, en agua de borrajas. 

Decía Descartes, el padre de la filosofía moderna, que era prudente no fiarse por entero de quien nos había engañado una vez. A estas alturas, Sánchez ya se ha quedado sin crédito.