¿Hay líneas rojas en política? A esta pregunta solo se puede dar una respuesta: claro que las hay. Y el gobierno del Partido Popular, con el apoyo explícito del PSOE y de Ciudadanos, cruzará este lunes una de bien visible al sentar en el banquillo de los acusados al expresident de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya harán su trabajo, pero no pueden quedar dudas respecto a la actuación de aquellos poderes del Estado que crearon de la nada un caso judicial como el del 9-N para ocultar, en buena medida, su incompetencia política.

Pero ese montaje político-judicial, después de todo lo que se ha ido publicando de la Operación Catalunya y la fabricación de pruebas falsas contra muchos de los líderes independentistas, para muchos ya no es creíble. La realidad para la historia es que Artur Mas será el primer president de la Generalitat sentado por el gobierno español en el banquillo de los acusados con petición expresa de una decena de años de inhabilitación por una acción política. Ningún gobierno español había sido capaz de ir tan lejos haciendo un uso desmedido del poder democrático. Por eso, la respuesta de estas últimas horas por parte de la ciudadanía tampoco es la de un juicio normal. ¿O desde cuándo se producen concentraciones multitudinarias como las que ha habido este domingo en el País Vasco o Navarra, si el juicio no fuera político? ¿O las que ha habido en Londres, Bruselas, Dublín y Múnich? ¿O la que habrá este lunes en Barcelona, donde una marea de gente acompañará a Mas?

No estamos ante un juicio normal sino más bien ante una especie de causa general a los 2.344.828 ciudadanos que votaron aquel 9 de noviembre de 2014. Sabían que solo era un proceso participativo y que no tendría validez jurídica, pero daba igual. Era un acto de desafío a la imposibilidad de sentarse con el gobierno español a negociar un referéndum. Todos los que votaron tenían nombres y apellidos y a todos se les juzga este 6 de febrero. Solo Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau estarán en el banquillo de los acusados. Pero cada vez que el fiscal se dirija a ellos, los más de dos millones de ciudadanos que votaron serán conscientes de que participaron en una jornada de rebelión democrática sin parangón en la Catalunya moderna. Y esto escuece.