Ha tenido lugar este sábado en Barcelona una manifestación relevante sobre un problema realmente grave: los precios de la vivienda de alquiler en casi toda Catalunya, pero de manera muy destacada en Barcelona, su conurbación metropolitana y las principales ciudades del país. Según la Guardia Urbana asistieron unas 22.000 personas a la convocatoria en plaza Universitat y también salieron a la calle manifestantes en las convocatorias de Lleida, Tarragona y Girona, convocadas por el Sindicat de Llogaters. Aunque los convocantes ofrecieron cifras más altas de asistencia, algo que suele ser habitual en todas las manifestaciones, los propios datos de la Guardia Urbana ya son suficientes para concluir que estamos ante un asunto que va a marcar la agenda política, social y ciudadana de los próximos años, pues que los alquileres se han disparado de precio es una realidad incuestionable.

No hay, seguramente, una fórmula mágica, sino que el rompecabezas en que se ha convertido necesitará muchas medidas al mismo tiempo y la implicación de todas las administraciones para que sean efectivas. Pero antes de hablar del futuro, es necesario conocer la situación existente, qué políticas se han llevado a cabo y señalar correctamente a sus responsables. El caso de Barcelona, que es la ciudad que padece el mayor estrés ocupacional, es realmente paradigmático, ya que ha estado gobernada por Ada Colau y los Comuns y su fracaso ha sido estrepitoso. Todos sus discursos como fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que la catapultaron a la alcaldía en 2015, cargo que retuvo durante ocho años, acabaron siendo propagandísticos y estériles.

Antes de hablar del futuro, es necesario conocer qué políticas se han llevado a cabo en materia de vivienda y señalar correctamente a sus responsables

La perspectiva de la obra hecha es desoladora y eso que se encontró cuando accedió al cargo un superávit municipal importante. A Colau le viene a la perfección el refrán de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Es realmente de un enorme cinismo responsabilizar de los problemas de vivienda de la capital catalana al nacionalismo, que solo ha gobernado Barcelona entre 2011 y 2015 desde el inicio de elecciones municipales democráticas en 1979, años en los que, por otro lado, el problema era mucho menor. Si salimos de Barcelona, las ciudades más importantes del país tienen, de manera muy destacada, alcaldes de izquierdas, antes y ahora.

Dicho eso, lo importante sería no cometer el mismo error del pasado. No utilizar problemas reales de la gente para acabar creando plataformas electorales que acaban olvidando que su razón de ser era presionar al poder político. La PAH rompió con Colau en 2015 en una carta en la que le reprochaba que no hacía todo lo necesario para solucionar el problema. El president Salvador Illa, después de las manifestaciones de este sábado, ha asegurado que asume el reto del liderazgo a la hora de afrontar el problema de la vivienda después de que su consellera señalara que una huelga de alquileres, como propone el Sindicat de Llogaters, no era el camino. La propuesta del Govern de invertir 4.400 millones para crear 50.000 viviendas hasta 2030 va en la buena dirección, aunque la urgencia apremia y el malestar social difícilmente esperará tanto tiempo.