El anuncio de ocho de los diez vocales conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidiendo la convocatoria de un pleno extraordinario para rechazar la proposición de ley de Amnistía, que aún no ha sido acordada y menos aún dada a conocer, es un paso más en la incursión del mundo judicial en asuntos que no son, por ahora, de su estricta competencia. Con las funciones y atribuciones del CGPJ claramente reguladas por ley, es inviable una manifestación colegiada del órgano de los jueces sobre una proposición de ley non nata y, por tanto, sin que nadie la haya sometido a su parecer.

Como, evidentemente, ellos saben que no pueden hacerlo, mucho mejor que quien escribe este artículo, cabe tener una mirada mucho más larga sobre el anuncio. ¿Qué se busca entonces? Se pretende, fundamentalmente, dos cosas: embarrancar el debate político que está habiendo entre los partidos que piensan llevar la ley a cabo como una de las condiciones de la investidura de Pedro Sánchez y, también, armar un frente lo más amplio posible para oponerse a la amnistía tanto en las instituciones como en la calle. Un alzamiento evidente contra el poder del Congreso de los Diputados, situándose en frente la derecha política y mediática, cualificados símbolos de la izquierda y defensores del régimen del 78, el entramado judicial y jurídico en el que se pueden incluir también fiscales, abogados del Estado y alto funcionariado e intelectuales españolistas de todas las tendencias ideológicas. 

El momento escogido tampoco es inocente. Las negociaciones del PSOE con Junts están en la recta final, lo cual no es óbice para que la discusión entre ambas formaciones sea acalorada y tensa. Incluso más tirante que hace una semana. El marco general siempre es más fácil que cerrar la letra pequeña y, en eso, el entramado de abogados del Estado son unos grandes profesionales para decantarlo siempre en el último redactado a su favor. Si no hubiera habido tanta prisa por cerrar el acuerdo con los socialistas en el Estatut de 2006, que luego serviría de bien poco con el destrozo del Tribunal Constitucional, quizás se hubieran podido doblar las resistencias a la transferencia del aeropuerto de El Prat.

Ahora, en lo que se supone que es la recta final y con el PSOE presionando para que la investidura de su candidato pueda ser la semana que viene, entre el 8 y el 10, vale la pena recordar que la prisa nunca ha sido buena consejera. El pacto se tiene que cerrar y madurar. Y si no ha llegado lo primero cuando escribo este texto, menos aún lo segundo. ¿Que puede llegar en horas? ¿Que Junts lo tiene todo preparado para que su dirección apruebe el acuerdo y haya una comparecencia pública? También. Pero si el de Esquerra fue el pacto de la castanyada —se anunció la noche del 31—, el de Junts puede ser el del Día de los Fieles Difuntos. Yo no sé.