En cualquier país civilizado de nuestro entorno, que el poder legislativo hubiera aprobado una ley supondría que el resto de poderes del estado procedieran con la mayor celeridad a su cumplimiento. De hecho, en eso consiste la democracia y la separación de poderes. Por ello se dice que la soberanía corresponde al pueblo y que de él emanan los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. No hay un poder único, sino tres, con competencias y atribuciones diferentes. Pero en España, el tránsito de la letra de la ley a la realidad no es tan sencillo y, por eso, todos sabemos que la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este jueves, por 177 votos a favor y 172 en contra, aunque ha tenido un proceso lento y farragoso, una auténtica maratón de obstáculos, ha sido la parte más fácil y rápida del camino que ahora se inicia. Y que no es otro que la ley beneficie a todos los encausados en procesos judiciales por una determinada ideología y se extinga toda responsabilidad penal, administrativa o contable por haber promovido la independencia de Catalunya.
Habían pasado unos pocos minutos de la aprobación parlamentaria de la ley que los fiscales del Tribunal Supremo efectuaban su primer disparo: un informe de 127 páginas al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, en el que plantean que hay que elevar la ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque plantea varios problemas de contradicción con el derecho de la Unión. Los cuatro fiscales que juzgaron a los políticos independentistas por el 1-O —Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno— sostienen que la ley de amnistía no respeta la separación de poderes, no se recoge en la Constitución y afecta a los intereses financieros de la UE en el marco general de la lucha contra la corrupción. Basándose en ese último punto, argumentan que la malversación no puede ser amnistiada porque sí que supuso un beneficio patrimonial para los políticos juzgados por el 1-O. Por ello, no se puede aplicar el levantamiento de las cautelares, y se tiene que mantener la orden de detención de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
La amnistía ha sido una victoria política que, se mire por donde se mire, tiene ganadores y perdedores
Veremos qué acaba decidiendo el fiscal general del Estado, en una institución en que el principio de dependencia jerárquica existe para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Y, después, qué pasos da el Tribunal Supremo, del que no tardaremos mucho en tener noticias públicas. El Alto Tribunal va a plantear batalla, al menos nadie espera otra cosa. Pero es importante conocer el perímetro exacto de la zona que quiere abarcar el Supremo, ya que la realidad actual no tiene una equivalencia con la situación judicial de 2019, una vez ha habido, primero, sentencia y, después, indultos parciales por parte del gobierno español a los presos del juicio del 1-O.
La amnistía ha sido una victoria política que, se mire por donde se mire, tiene ganadores y perdedores. El independentismo ha salido dividido y debilitado de sus batallas cainitas e infantiles. Eso es indiscutible, y los resultados electorales del 12 de mayo están aún demasiado frescos para que puedan sentirse orgullosos del retroceso respecto al 2021. Pero la ley es una bocanada de aire fresco en que los represores salen perdedores y se resarce la idea de que hubo una persecución ideológica que obliga al Estado español a rectificar su discurso en España y en Europa. De alguna manera, se pide perdón, ya que se rectifica un relato que la justicia acuñó para poder aplicar unas determinadas sentencias. La aprobación de la ley de amnistía también enseña una lección más: en política siempre hay margen para superar un 'no'. La multitud de vídeos que hemos visto estos días de dirigentes socialistas que han tenido que rectificar su 'no' de muchos años a la amnistía son un ejemplo. No es que ahora la quieran y antes no. Si no que ahora se le ha exigido a Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa. Eso, o a la calle. No había un camino intermedio.