A lo mejor no estamos muy lejos de dar la razón a los que sostienen que la aprobación de la ley de Amnistía ha acabado siendo un bumerán contra sus promotores. Lejos de cumplir los objetivos que tenía, está funcionando como un corredor para dejar sin castigo a los agresores del 1-O mientras que los que tenían que ser los beneficiarios de la ley se debaten en un laberinto judicial, con gran experiencia en tejer una malla de la que suele ser imposible salir. Y eso sucede desde que se aprobó la ley en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados. Ha tenido que pasar un tiempo suficiente para comprobar que existe una decisión colegiada de que para los líderes del procés sea imposible alcanzar la amnistía. Eso hoy ya nadie lo discute. Fundamentalmente, porque no hay de donde agarrarse para defender lo contrario y las promesas del gobierno español moviendo el espantajo del Tribunal Constitucional cotizan en la banda baja de la credibilidad. Después de lo que ha llovido, hay que tener unas ciertas dosis de candidez para comprar material defectuoso.

Este viernes leía una noticia en este diario que me ponía los pelos de punta: la jueza no resuelve la amnistía para los 40 excargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios procesados por la organización del 1-O y los envía a juicio. Quiero pensar que, al final, se les acabará aplicando la amnistía y con ello la norma del olvido penal a estos exresponsables de la Generalitat. Pero más allá de este futurible hay una cuestión que debería preocuparnos a todos: ¿cómo es posible este ninguneo y esta reinterpretación constante de lo que dice la ley publicada en el BOE? El drama que estarán pasando todas estas familias cuando comprueban que es la ideología la que acaba situándolos en el carril de la amnistía o, por el contrario, su sumario va de juzgado en juzgado, no debe ser responsabilidad de nadie. Tampoco la ansiedad de los afectados o el coste económico que tienen sus causas judiciales después de siete largos años entre legajos judiciales de los que nunca se acaba saliendo.

Los no amnistiados están condenados a una doble represión: la que han padecido durante mucho tiempo y la que siguen arrastrando

Según los últimos datos recopilados por Alerta Solidària, que defiende al grueso de activistas independentistas, se han concedido 193 amnistías, 96 de las cuales a agentes de cuerpos de seguridad, lo que representa el 49% del total. Por el contrario, la norma del olvido penal se ha hecho efectiva para 84 manifestantes y activistas y para 13 políticos y cargos públicos. Esta semana, Òmnium Cultural ofrecía unos datos complementarios elocuentes. Un 39% de las personas represaliadas que han pedido la amnistía la han conseguido o han visto finalmente archivada su causa, el 41% de las demandas todavía no han sido resueltas, un 7% de las solicitadas están denegadas y casi un 13% continúan en suspensión por preguntas planteadas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El estudio de Òmnium concluía que las denegaciones y exclusiones del ámbito de aplicación de la ley han respondido a una interpretación arbitraria e ideológica por parte de jueces y magistrados que, en todo caso, no respeta la división de poderes entre el legislativo y el judicial.

Si todo eso es tan evidente, ¿cómo es posible que no sea objeto de debate diario y que lejos de centrifugar el problema hacia la justicia se busquen mecanismos para corregirlo? Solo cabe como explicación la falta de voluntad de unos y de otros para situarlo como un tema central y que abandone su posición marginal. Evidentemente, esta no es la represión física de las porras policiales que dejó más de un millar de heridos. Es algo mucho más sutil, una represión de baja intensidad, que para muchos de los que no la padecen acaba siendo, además, por injusto que parezca, una cosa cansina y del pasado. Y, en el fondo, los que la sufren están condenados a una doble represión: la que han padecido durante mucho tiempo y la que siguen arrastrando. Esta última con una cierta indiferencia, ya que los discursos oficiales quieren olvidarlo cuanto antes, tanto si los represaliados tienen rostro conocido como si son ciudadanos anónimos.