Cuentan en el Partido Popular que la amnistía para los independentistas catalanes irá para muy largo. Que han montado una telaraña jurídico-política que demorará mucho más tiempo del que está previsto tanto el retorno de los exiliados, como el punto y final de las causas judiciales en las que están involucradas centenares de personas en numerosos procesos. De hecho, hoy nadie se cree los cálculos iniciales más optimistas de tener la ley de amnistía aprobada en febrero. Hasta la fecha, lo único seguro es que entró en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de noviembre y que está previsto que en el pleno del 12 de diciembre de la Cámara Baja obtenga la luz verde imprescindible para su tramitación.

Habrá que olvidar febrero y situarnos en un limbo temporal imprevisible, ya que el trámite en el Senado será un auténtico Vietnam, con el Partido Popular haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara, pidiendo innumerables informes y empleando el filibusterismo para que los tiempos establecidos sirvan de bien poco. Si se salen con la suya y no hay, por en medio, decisiones del Tribunal Constitucional que los obliguen a acelerar sus deliberaciones, los cálculos que manejan son muy alarmantes, ya que su objetivo es que en todo el 2024 no sea aplicable.

Con la amnistía en tramitación en una u otra Cámara, o bien en manos de los jueces, los partidos independentistas tendrán que poner una marcha menos de exigencia

Para ello cuentan también con que desde el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales se haga el trabajo de ralentización, bien sea por la vía de solicitar aclaraciones o de su propia aplicación. Aunque la proposición de ley de amnistía es muy clara respecto a los plazos y en el artículo 10, que habla de la Tramitación preferente y urgente, se explicita que las decisiones de los órganos judiciales, administrativos y contables se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos, los populares consideran que para llegar a este punto aún hay mucha tela por cortar y que no van a dar ninguna batalla por perdida.

Si se acaba produciendo esta situación habrá varias consecuencias colaterales. En primer lugar, cómo encaja el independentismo catalán una situación en barbecho, máxime cuando se consideraba, hace no tantas semanas, que el calendario sería mucho más corto. Con la amnistía en tramitación en una u otra Cámara, o bien en manos de los jueces, los partidos independentistas tendrán que poner una marcha menos de exigencia, ya que dudo que contemplen que la legislatura pueda saltar por los aires y facilitar la llegada del PP y Vox sin que la amnistía haya sido aprobada.

Está también la carpeta de las elecciones catalanas. Aquí todas las cábalas se han hecho contando que los exiliados y los presos políticos en libertad con el indulto del gobierno Sánchez de junio de 2021 podrían concurrir, si quisieran, ya que se habrían podido acoger a la amnistía. Esto no estaría tan claro, puesto que las elecciones catalanas tienen como fecha límite febrero de 2025, cuando se cumplirán cuatro años desde su celebración. A poco que lo estiren un poco más, y con el mundo judicial nada es sorprendente, el plazo se les acabaría agotando. Eso por no hablar de la causa fake de terrorismo de Tsunami Democràtic empezada por el juez García-Castellón, en la que, siguiendo la máxima de José María Aznar de que cada uno haga lo que pueda, el diario El Mundo ha publicado este domingo que la hija del turista muerto en El Prat atribuye la muerte de su padre a las protestas del Tsunami.