Cuando se cumplen este lunes cuatro semanas desde que estalló el CatalanGate, el Gobierno español ha hecho saber que está dispuesto a entregar en bandeja la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, si con ello consigue introducir sosiego en sus relaciones con el independentismo catalán, sobre todo con Esquerra Republicana. Casi un mes ha tardado Pedro Sánchez en mover pieza y lo ha hecho en términos ajedrecísticos sacrificando una figura reemplazable y protegiendo a la reina, Margarita Robles. El presidente del Gobierno lo va a intentar con este cese y reuniéndose en la Moncloa con el president catalán, Pere Aragonès, con quien mantuvo un intercambio de impresiones de un par de minutos en el Cercle d'Economia, mientras esperaban protocolariamente la llegada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sánchez sabe que la cabeza de Paz Esteban dista mucho de ser una solución a la crisis política abierta entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Es tan solo un nuevo cortafuegos. Mucho más lejos está de ser una solución al descomunal problema planteado con el CatalanGate, que oficialmente sigue estando, en una parte, sin autoría, ya que el CNI solo ha reconocido 18 casos de espionaje con Pegasus —entre ellos el de Aragonès— de los 65 que certificó Citizen Lab, el laboratorio de la Universidad de Toronto. ¿Qué pasa con los otros 47? Nadie se hace oficialmente responsable, pero teniendo en cuenta que el software Pegasus se vende a los gobiernos cuesta encontrar alguno más interesado que el español para espiar al independentismo catalán.
De todas maneras, todo el mundo sabe a estas alturas que la cifra de 65 espiados certificada por Citizen Lab crecerá en los próximos días, con lo que una solución tan pobre como la de Paz Esteban es comparable a achicar agua con cubos en el hundimiento del Titanic. Una solución que ni reduce el problema, ni acerca la solución. El meollo del asunto sigue siendo el mismo que cuando se conoció el espionaje masivo con Pegasus: no hay una versión mínimamente creíble que deje fuera de la responsabilidad y seguramente del conocimiento preciso del espionaje, al presidente del gobierno. Por eso le cuesta tanto al Ejecutivo encontrar una solución que permita a los investigados una digestión que no se les atragante con explicaciones tan nimias y poco verosímiles.
Aceptar que la renuncia o el cese de Paz Esteban es la solución al problema no es otra cosa que dar carpetazo a la responsabilidad del Gobierno. No es creíble que una decisión de esta magnitud no fuera respaldada por la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno, que conocen, como es su obligación, las principales carpetas del CNI. Y nadie con dos dedos de frente puede creerse que utilizar el Pegasus con el president de la Generalitat y pedir para ello autorización judicial al Tribunal Supremo, forma parte de las atribuciones de la directora del CNI. La opacidad del Gobierno desde el primer momento, su resistencia a que Europa investigue, con la complicidad de PP y Vox, hace más necesaria que nunca la comisión de investigación en el Congreso.
Llegar o intentar llegar hasta el final en el CatalanGate no es una necesidad tan solo del independentismo. Es su carta de presentación para denunciar en Europa el espionaje masivo e indiscriminado del Gobierno español. Cerrar en falso esta carpeta no supondrá otra cosa que validar la desconfianza en los responsables del espionaje con Pegasus.