Solo desde la ineptitud se puede hacer una propuesta como la que ha realizado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha planteado que una parte de los Fondos Europeos de Reconstrucción para luchar contra los efectos de la Covid-19 se dediquen a los efectos del temporal Filomena. La desconfianza europea respecto a España por la manera como dilapida una y otra vez el dinero que recibe de Bruselas queda perfectamente avalada con declaraciones como la de Casado. Hay una parte de Europa, aquella que conforman los países centroeuropeos y nórdicos, claramente refractaria a seguir dando dinero a fondo perdido a países del sur, como España y Grecia, ya que consideran que una y otra vez el dinero no se destina a la modernización, sino que se emplea para muchas otras cosas. Por eso, con diferente intensidad, países como Austria, Alemania, Finlandia o Países Bajos impusieron un severo control sobre más de la mitad —unos 70.000 millones— del dinero que recibirá España en fondos europeos.

Casado demuestra una gran torpeza en una cuestión clave y que despierta una gran preocupación en muchas cancillerías que, al final, no saben muy bien cómo el dinero acaba siendo gastado de la peor manera posible. Mezclar la Covid-19 con el temporal Filomena refuerza esta idea y es de una gran torpeza. Otra cosa radicalmente diferente es si se deben producir ayudas especiales por el temporal y aquí veremos la cintura del gobierno español para ofrecer unas ayudas que no tiene, o para reclamar en el buzón correspondiente de la Comisión Europea. Aunque mucho me temo que allí no acaban de entender muy bien cómo hubo tan poca previsión con una nevada que había sido anunciada con mucha antelación, y que lo único que sucedió es que se cumplieron los pronósticos de los hombres y mujeres del tiempo.

La confianza de las autoridades europeas y de los ciudadanos cuando conocen estas noticias es lógico que se agriete. Por ejemplo, hemos escuchado este jueves al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurar que están estudiando recurrir la sentencia de la justicia belga que deniega la extradición del conseller en el exilio Lluís Puig. Unas declaraciones cuando menos sorprendentes, porque es una sentencia firme después de que la fiscalía belga declinara recurrir a la Corte de Apelación de Bruselas. Campo, magistrado desde 1989 y vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, no puede ir confundiendo al personal con situaciones imposibles, ya que el caso está archivado. Puede expresar, como así hizo, su discrepancia con la justicia belga —no es lo más conveniente para un ministro, pero allá él— y quedar contra las cuerdas cuando se le pregunta su opinión una vez el tribunal ha dejado escrito, como uno de los motivos para no conceder la extradición, sus dudas en que se respetara su presunción de inocencia.

Un Campo atribulado solo atina a contestar que la justicia belga no conoce la realidad del estado del derecho en España. Justamente, señor ministro, es lo contrario: cada vez hay más países que tienen una idea clara de cómo se ha comportado la justicia española con el independentismo catalán. Y empieza a pesar como una losa, aunque le disguste.