Un aviso para navegantes: España ha apostado por la judicialización de la política y en este emponzoñamiento cuesta seguir el hilo de las noticias, ya que se confunden unas con otras, ya que faltan nuevas resoluciones e incluso se mezclan las victorias con las derrotas. Así, por ejemplo, la retirada del escaño del president Quim Torra por parte de la JEC, ratificada por el Supremo al rechazar las medidas cautelarísimas pedidas por la defensa, y ejecutada por la tarde-noche por Junta Provincial de Barcelona no ha finalizado su fase judicial y veremos que acaba decidiendo en una o dos semanas cuando deba tomar, entonces sí, la decisión definitiva. Sigo pensando que el Supremo detendrá entonces el atropello que se está produciendo y esperará a la conclusión del juicio de inhabilitación al president Torra.

Hemos visto también como el Parlamento Europeo ha retirado a Oriol Junqueras la credencial de diputado pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre, una vez el Supremo español le ha notificado que está inhabilitado. El Parlamento Europeo se escuda en el hecho de que las decisiones definitivas de un estado miembro son de obligado cumplimiento. Veremos qué dice el TJUE cuando le llegue nuevamente el caso y si la victoria del Estado español es pírrica y transitoria o definitiva y de más envergadura. También hemos asistido al movimiento del juez Pablo Llarena con los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín. El magistrado del Supremo ha reconocido la inmunidad de ambos en Europa, que no en España, donde mantiene las órdenes de detención y avisa que serán detenidos si cruzan la frontera. Es una interpretación ciertamente sui generis pero, al final, refleja que el ardor patrio puede más que la justicia europea.

También está el caso de los CDR detenidos por la Audiencia Nacional y cuyos dos últimos integrantes han sido puestos en libertad después de tres meses de prisión. De las nueve personas detenidas en octubre ya no queda ninguna en la cárcel y las acusaciones de terrorismo que se les formularon inicialmente han ido desapareciendo, como si, conseguido el resultado inicial de inflar un gran globo mediático, lo demás fuera poco importante. Aquellos explosivos y los precursores han quedado en nada, pero el efecto propagandístico y acusador del independentismo, así como aquellas portadas escandalosas sí se realizaron. Claro que se realizaron.

Pero en el artículo de hoy quería hablarles de una noticia importante, trascendente, y que en la avalancha informativa de la jornada ha quedado, lamentablemente, en un segundo plano. Se trata de la última actualización de la balanza fiscal entre Catalunya y el Estado que ha hecho público el Departament d'Hisenda de la Generalitat y que señala que el déficit fiscal ha superado los 16.800 millones en cada uno de los ejercicios de 2015 y 2016. Entre los dos ejercicios más de 33.000 millones de euros. En el fragor de la batalla política diaria este dato ha ido desapareciendo del debate cuando es un elemento trascendental y debería seguir siendo un caballo de batalla permanente.

No existe mejor manera de explicar el comportamiento de España con Catalunya que con datos reales y que se asemejan mucho a un expolio en toda la regla. Los ciudadanos de Catalunya sufren un déficit crónico que afecta a su calidad de vida y que queda reflejado en estas apabullantes cifras que siguen siendo estratosféricas año a año y que dependen poco del gobierno de turno que haya en la Moncloa. El Govern debería seguir haciendo pedagogía de esta situación, ya que es la mejor manera de que la gente entienda que la asfixia económica tiene mucho que ver con el déficit fiscal que el Estado tiene con Catalunya.