Después de más de 24 horas de un intenso debate sobre la asistencia de alrededor de 600 personas en la Sagrada Familia para la celebración de la beatificación de Joan Roig Diggle, un joven de 19 años que fue asesinado por milicianos libertarios al inicio de la Guerra Civil, el arzobispado de Barcelona ha pedido disculpas, ha expresado su desconcierto por la respuesta de las autoridades y, como colofón, ha solicitado que el mundo de la cultura y la restauración puedan volver a abrir lo más pronto posible. El acto, que contó con la presencia de una quincena de obispos, estuvo presidido por el cardenal Joan Josep Omella, y entre los asistentes estaban dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona -uno de ellos el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle- y uno de la Generalitat.

Fue a todas luces un acto injustificable e imprudente. No se trata de si se respetaron las medidas de seguridad y tampoco del derecho al culto que tienen los feligreses de cualquier religión y que está perfectamente establecido en el actual estado de alarma. No era una misa religiosa normal, sino un acto especial, de ahí la asistencia de una quincena de obispos y autoridades del ayuntamiento y de la Generalitat. Son esos actos especiales los que están prohibidos y que la ley afecta tanto a un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, a un espectáculo teatral o a una boda religiosa. No hay diferencia alguna con la cena que se celebró en Madrid hace un par de semanas con asistencia de cuatro ministros, amén de otras autoridades civiles y militares, hasta completar una presencia de 150 personas.

Como en aquel caso, estamos hablando también de la necesaria ejemplaridad ante una pandemia que se está llevando por delante miles de vidas humanas en nuestro país y arruinando la vida de muchos colectivos que están perdiendo su puesto de trabajo, ven como su negocio de toda la vida desaparece y que están, en el mejor de los casos, apuntados a ERTE que no acaban de cobrar. Que en estas circunstancias se produzcan privilegios -porque era eso ya que el derecho a la misa de beatificación se hubiera podido resolver en un acto íntimo aunque hubiera quedado deslucido o esperando a tiempos mejores- es un mensaje descorazonador.

La Generalitat ha anunciado la apertura de un expediente sancionador y se ha apresurado a señalar que pedirá al Procicat que se limite a 100 personas el máximo permitido. Una medida que se tenía que haber adoptado antes de la polémica ya que después de lo sucedido en la cena de VIP de Madrid era solo cuestión de tiempo que pasara aquí. Una última cuestión. ¿Es sancionable la salida de sus municipios de los obispos que estaban en la Sagrada Familia de Barcelona durante el toque de queda que iba de las 6 de la mañana del viernes a las 6 de la mañana de lunes? ¿Era propiamente dicho un acto de trabajo, que puede ser considerado un servicio esencial, cuando se limitaban a acompañar al arzobispo, y que este solo hubiera podido hacer la misa igual?