El Tribunal Constitucional acaba de tumbar la rebaja del IRPF a las rentas más bajas de 205.043 catalanes que declaraban unas rentas iguales o inferiores a 12.450 euros anuales en el ejercicio fiscal de 2020. La rebaja, que fue pactada entre el govern de Quim Torra y los comunes como una de las condiciones impuestas por la formación morada para aprobar los presupuestos de aquel año, fue posteriormente recurrida por el Gobierno español -del que también forman parte Podemos y los comunes- por invasión de competencias. Los perjudicados, que igual no llegan a enterarse en muchas ocasiones del corsé que supone la dependencia española, van a vivir en carne propia este año la visión más centralista del Estado.

El autodenominado 'Gobierno más progresista de la historia', con el recurso que presentó se sacaba así la careta y el Tribunal Constitucional solo ha tenido que dar la estocada final: es más importante defender a capa y espada la España uniforme que dejar pasar una ley, cuyos beneficiarios exclusivos son las clases populares más necesitadas. No deja de ser sorprendente que todas y cada una de las medidas sociales aprobadas por el Govern y para las que se ha contado alternativamente con la CUP, con los comunes o incluso con el PSC, se han visto sometidas al riguroso control del Gobierno español y al rodillo del Tribunal Constitucional.

Se da de este modo una terrible paradoja, debido a la infrafinanciación de Catalunya a través de tres palancas convenientemente usadas por el Gobierno español para estrangular la economía catalana: el crónico déficit fiscal que arrastra el Estado con Catalunya y que se sitúa por encima de los 16.000 millones anuales; un sistema de financiación autonómica especialmente lesivo con Catalunya y que tenía que haberse actualizado por estar caducado desde el 1 de enero de 2014; y unos presupuestos generales del Estado que nunca reconocen la inversión que a Catalunya le tocaría en función del PIB y, además, de lo presupuestado no se llega a ejecutar por encima del 65% mientras que Madrid sobrepasa, sin problemas, el 100%.

De ahí que la sentencia del Tribunal Constitucional tumbando la rebaja del IRPF a las rentas más bajas de Catalunya y que hemos publicado este domingo en El Nacional tenga una enorme importancia. Que, además, haya coincidido con la semana en la que la Conselleria d'Economia llevará al Govern, este martes, para su aprobación, los presupuestos de la Generalitat para 2022, es una oportunidad para que se visualice la importancia de las cuentas públicas para las necesidades concretas de las personas. Unos presupuestos que aún no tienen el aval de la CUP, que ha convocado a sus bases para debatirlos los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Todo lo que no sea el voto afirmativo o la abstención de la formación anticapitalista a las cuentas de la Generalitat —y hasta la fecha lo que dicen es que están más cerca del no—, supondría una ruptura unilateral del acuerdo de legislatura que firmaron ERC y la CUP. Los cupaires obligarían al Govern a buscarse otros socios para sacarlos adelante pero, obviamente, por la misma regla de tres, también decaería el compromiso firmado para que el president Pere Aragonès se sometiera a media legislatura a una moción de confianza.