Desde hace unas semanas se está generando un enorme malestar social que, seguramente, se debe estar traduciendo en una pulsión política de enorme rechazo a los partidos gobernantes. Un caldo de cultivo adecuado para que Vox rentabilice aún más el enorme hueco que le están dejando los partidos tradicionales, que muchos ciudadanos perciben como muy alejados de sus problemas. Nadie parece acordarse pero la crisis financiera de 2008-09 se saldó con una salida precipitada del PSOE de Zapatero del gobierno, incapaz de hacer frente al malestar de un empobrecimiento generalizado que afectó al estado el bienestar y a las pensiones. Aquel tsunami encontró al PP esperando y Mariano Rajoy se hizo cargo del gobierno.
Ahora no es el PP quien espera, básicamente porque aún se está relamiendo sus heridas tras el despido por la ventana de su anterior presidente, Pablo Casado, que le hizo un pulso a Isabel Díaz Ayuso y lo perdió. El gallego Alberto Núñez Feijóo ocupará el cargo del presidente del PP en las próximas semanas y se verá si es capaz de reducir el inflamado voto de Vox o por lo contrario la formación de Abascal se ha convertido en aspirante a ganar las próximas elecciones en España. Huelgas como la del transporte se acaban convirtiendo directamente en un tubo de tránsito de votantes del PSOE a la ultraderecha; lo mismo sucede con la subida de la energía, la subida de la cesta de la compra o cierre de numerosas empresas por incapacidad para hacer frente a unos gastos que no es que hayan subido un poco, sino que literalmente han aumentado en un porcentaje escalofriante.
Una encuesta publicada este domingo situaba prácticamente empatados a PSOE y Vox en primera posición y bastante más lejos al PP. Es cierto que está hecha a rebufo de la huelga del transporte, pero a veces hay corrientes de fondo que no son estrictamente coyunturales, sino que han venido para quedarse y la formación de Abascal hace demasiado tiempo que todo le viene de cara. Este cuadro político y la crisis económica abre incluso escenarios políticos desconocidos como un gobierno de coalición PSOE-PP en España, algo que el Ibex 35 siempre ha querido pero que nunca ha conseguido.
Con esta pulsión política de fondo, en Catalunya se está jugando, además, la batalla escolar, habiendo conseguido el conseller de Educació, Josep González Cambray, equipararse a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la hora de concentrar la irritación de los respectivos sectores. Para este martes y miércoles están previstos los dos últimos días de los seis de huelgas convocados para este mes de marzo. Nada se ha avanzado, con el calendario del inicio del próximo curso como telón de fondo y todo permite pensar que vendrán nuevos días de huelga antes de que acabe el curso escolar. El conseller tiene enfrente a toda la comunidad educativa y con ello una posición de debilidad política que de seguir así escalará el conflicto hacia el president Aragonès.
En la cola de los problemas del Govern hay uno estructural, la modificación de la ley que debe dar respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas —donde habrá que hacer un verdadero y muy difícil encaje de bolillos en el trámite parlamentario si se quiere incorporar a las entidades que están en claro desacuerdo y tampoco perder por un lado o por otro el consenso político— y otro coyuntural, como es el de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta va a ser la semana de los juegos, un furúnculo en las filas independentistas que quieren abiertamente con la boca pequeña, pero que no han dado con un discurso importante y convincente en público. Será porque cada vez que se los imaginan no dejan de ver borbones y banderas españolas.