Los siete presos políticos que cumplen condena en la prisión de Lledoners pueden gozar ya del tercer grado penitenciario —ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves— según el criterio de las diferentes interlocutorias emitidas este miércoles por la juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya, la magistrada María Jesús Arnau Sala. Dormirán sin embargo en la prisión y no se hará efectivo porque la cuestión del tercer grado y del 100.2 ha sido elevada al Tribunal Supremo mediante una filigrana jurídica que ha vuelto a dar voz y voto al tribunal sentenciador. Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Cuixart y Sánchez continuarán sin poder gozar de ninguna de las limitadas salidas para ir a trabajar o realizar voluntariado que permite el reglamento penitenciario por el simple hecho de ser presos políticos, aunque no se les reconozca la condición de tales.

Las interlocutorias de la jueza Arnau son toda una desautorización de los argumentos expuestos por la fiscalía para denegarles el tercer grado y un envite al Supremo, que tendrá que resolver conforme a derecho una decisión muy trabada por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Por ejemplo, cuando dice respecto al escrito del fiscal que contiene posiciones "manifiestamente sesgadas, incompletas y, en el presente caso, hasta tendenciosas". O cuando le recrimina que se queje por desconocer el número de sesiones y los horarios pautados por el equipo técnico del centro penitenciario para su rehabilitación: "Ello es inaceptable, en cuanto tal contumaz requerimiento jamás ha sido planteado por el fiscal en el caso de ningún interno del cual tenga noticia esta juzgadora, ni incluso en delitos muy graves", y cita varios. Para concluir el rapapolvo con lo que, a su juicio, se desprende de las argumentaciones del fiscal, "el dar un castigo ejemplar a los condenados por dicha causa".

Por lo tanto, la jueza no tiene duda de que la administración penitenciaria ha acordado correctamente la progresión a tercer grado en régimen abierto común. ¿Qué sucederá ahora? Pues algo muy sencillo, la sala tercera del Supremo que preside el juez Manuel Marchena deberá dar por bueno el escrito de la jueza o por el contrario tumbarlo y mantenerlos en prisión sin derecho a las ventajas que están regladas en la legislación para cualquiera de los presos. Osea, que prospere la tesis que ha tumbado la jueza Arnau de un castigo ejemplar a los miembros del Govern y a los líderes de las entidades soberanistas condenados por el procés.

Hay pocas dudas de que Marchena se alineará con la segunda opción, de acuerdo con todos sus movimientos en esta causa. Pero nada sale del todo gratis y tendrá nuevamente que mojarse después de la interlocutoria del juzgado de vigilancia penitenciaria. No siempre la politizada sala del Supremo acaba teniendo a alguien que la pone en aprietos desde dentro del sistema.