Cuando se es ministro y se ocupa el número tres en el escalafón de un partido como el PSOE, uno espera algo más que una respuesta surgida del miedo a no enfadar a la derecha con el tema de un posible indulto a los presos catalanes. La manera como José Luis Ábalos, el portavoz autorizado de este domingo, aterriza en el asunto explica bien a las claras por qué los socialistas se alinearon con el PP y Ciudadanos en octubre de 2017 en la suspensión de la autonomía catalana y la aplicación del 155. Una laminación del poder catalán combinada con una feroz represión para acabar con cualquier atisbo de respuesta en el futuro. El independentismo se ha equivocado y mucho, es cierto; como también que ha resistido la embestida política, judicial y mediática con las únicas armas de la gente que ha tenido detrás.

Pues bien, dice Ábalos que "el Gobierno español tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar las tensiones que puedan dañar la convivencia". Respecto a las obligaciones legales, nada que decir, la Fiscalía ya se pronunció en contra, cabe esperar que el Tribunal Supremo hará lo propio y el Gobierno está siguiendo la ley. Otra cosa es lo que denomina el ministro en La Vanguardia obligación moral y esta teoría de "aliviar las tensiones que puedan dañar la convivencia". Si lo que quiere el ministro es aliviar las tensiones que pueden dañar la convivencia, aborde el Gobierno el déficit fiscal, que permitirá que la vida de los catalanes mejore, o cumpla los acuerdos de inversión de su ministerio en infraestructuras.

Y si realmente hay un propósito de fondo —cosa que dudo— de aliviar las tensiones, promueva una amnistía o explique la verdad sobre el juicio en el Tribunal Supremo o la condena de más de un centenar de años de prisión a los nueve presos y presas políticos que están pasando estas fechas sus cuartas Navidades en la cárcel. Eso sí sería cumplir con su obligación moral cuando sabe, además, que Europa tumbará, cuando le llegue, aunque ya será tarde, la condena por unos delitos que, tal como quedó demostrado en el juicio, no fueron tales. Ni hubo rebelión como sostenía la Fiscalía, ni tampoco sedición como entendió, a mi juicio erróneamente, la sala presidida por Manuel Marchena. Pero el escarmiento había que darlo pensando en el futuro.

Y si no está dispuesto a hacerlo ni él, ni el PSOE, ni el Gobierno, ya que el deep state no va a perder estas batallas, mucho menos con la crisis de la monarquía española abierta en canal, que no nos hable de tensiones que pueden dañar la convivencia. La sociedad catalana sabe reconocer perfectamente a aquellos que hablan sin decir nada. Y lo que es peor, sin ganas de hacer nada.