La Región de Murcia tiene desde este sábado el primer consejero afín a Vox de una autonomía española y no para una cartera cualquiera sino para Educación y Cultura. El peaje del Partido Popular por retener la presidencia de la comunidad tras la moción de censura que presentaron PSOE y Ciudadanos se ha saldado ya del todo con los nombramientos correspondientes a los disidentes de Vox, como antes se hizo con los tránsfugas de Ciudadanos. Murcia estrena la gobernación con la extrema derecha no desde fuera sino desde el gobierno, en una fórmula que hace muy poco tiempo nos hubiera escandalizado a todos y que es muy probable que, en poco tiempo, sea habitual allí donde la derecha de la foto de Colón pueda mandar con o sin Ciudadanos, que deberá decidir qué quiere hacer si Arrimadas consigue salvar el partido tras el primer match ball del 4 de mayo en las elecciones de la comunidad de Madrid.

La nueva consejera disidente de Vox, María Isabel Campuzano, simultaneaba hasta su marcha del partido dos cargos relevantes en la formación ultra como son la vicepresidencia y la no menor vicesecretaría de formación. Habida cuenta de que su expulsión de Vox se produjo por un tema relacionado con las cuentas del grupo y que sus posiciones respecto a temas tan polémicos como el pin parental son de una defensa radical, cabe concluir que su ideología sigue siendo la misma que la que le llevó a figurar en las listas de Vox en las últimas autonómicas celebradas en mayo de 2019.

Retener el gobierno a base de disidentes y tránsfugas es absolutamente legal pero también manifiestamente rechazable. La ley electoral incorpora una contradicción insalvable: los escaños son de los diputados, pero los votos los consiguen los partidos. Las listas electorales cerradas facilitan esta incongruencia y hace ya tiempo que se habla de corregir esta anomalía, pero los grandes partidos no hacen nada para solucionarlo. De hecho, solo hay dos modelos para mitigar el problema que se genera con el transfuguismo: listas abiertas en las que el peso de los candidatos elegidos sea realmente importante, o circunscripciones mucho más pequeñas, al estilo de las del Reino Unido, con un sistema electoral uninominal, que favorece el voto útil y es diferente al que hay en España, que es proporcional.

Porque no nos engañemos, todos los pactos antitransfuguismo y de cordón sanitario a Vox, depende de cómo, no servirán de nada. Es cuestión de tiempo que si sus votos son necesarios se acaben utilizando. El objetivo debe ser impedir que Vox tenga el menor número de parcelas de poder posible, como han hecho algunas democracias consolidadas europeas. Y la ley electoral no va a ayudar a evitarlo.