La decisión de la Audiencia de Barcelona confirmando el procesamiento de 29 altos cargos del Govern durante la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 es, de facto, el punto de partida de la segunda ola de juicios políticos contra la segunda línea del independentismo catalán. La ratificación de las acusaciones de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y desobediencia que recaen de una manera total o parcial sobre los investigados, que en aquellas fechas ocupaban cargos de responsabilidad en diferentes departamentos, no hace sino poner negro sobre blanco en la realidad: la maquinaria judicial actúa como una apisonadora y mientras la política se desespera viendo como se aplazan indefinidamente los indultos comprometidos, lo siguiente que viene en el calendario acabará siendo un macrojuicio con encausados independentistas que, sin duda, puede acabar comportando largas penas de inhabilitación y quién sabe si de prisión.

A la mayoría de los encausados se les atribuye alguno de los delitos mencionados anteriormente en relación con la difusión, contratación, preparación, organización y, sobre todo, publicitación del referéndum del 1-O. Han pasado más de tres años y medio de aquel referéndum, la causa judicial sigue abierta y sin que se haya fijado aún fecha del juicio -antes habrá nuevas testimoniales de los procesados- y el Estado no se ha movido ni un ápice de sus rígidas posiciones adoptadas entonces. Han pasado gobiernos, de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, y tampoco se observa un cambio sustancial en lo que respecta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Todo ello, sin olvidar que ya se les pidió una fianza solidaria por 5.803.068,87 euros en un procedimiento judicial anterior para cubrir los hipotéticos gastos malversados que se hubieran realizado.

Que esa ratificación de la Audiencia de Barcelona se produzca en plena negociación para cerrar un acuerdo de Govern entre Esquerra Republicana y Junts debería ayudar a ambos partidos a saber exactamente dónde se está jugando la partida y el enconamiento judicial que hay contra el independentismo. Es legítimo que haya dos estrategias —tres si sumamos la de la CUP— y que ambas se defiendan con vehemencia, pero lo que sería absurdo es que hubiera miradas diferentes a la realidad cotidiana. Los 29 imputados son de los dos partidos, comparten acusaciones y se sentarán en el banquillo de los acusados sin distinción de la formación política que los colocó en el cargo.

Cuando se habla de acuerdos de gobierno futuro no habría que olvidar que todos ellos son represaliados de una causa política, sin distinción alguna, más allá de un rango menos en el organigrama de la Generalitat de los miembros del Govern que juzgó y condenó el Tribunal Supremo. Sobre aquella causa y aquella injusticia hay ya mucha doctrina y muchos posicionamientos nacionales e internacionales. Sería un error del independentismo que, por cansancio o por estrategia política, ellos no notaran el apoyo que sus jefes sí tuvieron.