Casi dos semanas después ―se cumplirán el lunes― de que estallara el CatalanGate, las cartas de la partida política en principio más trascendental de lo que resta de legislatura, están repartidas. En un bando, el PSOE tratando de defender a capa y espada que no se sepa la verdad. Lo más cercano a la verdad que van a llegar es la nada improvisada declaración de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados justificando que el Estado se defienda con todas las armas a su alcance de acciones contra su unidad territorial. En el otro, el independentismo catalán, que exige desde una comisión de investigación hasta la asunción de responsabilidades por aquellos que aparecen detrás del escándalo de espionaje ilegal más masivo conocido en Europa.

En medio, una amalgama de formaciones diferentes que juegan la partida mirando de reojo el rédito a sacar de la precariedad parlamentaria de Pedro Sánchez. Y cómo no, la derecha con la que arrancó el espionaje masivo del independentismo en la etapa de Mariano Rajoy y que ahora desde la oposición espera a ver si el desgaste socialista les acerca un poco más al poder. A seguir también los vaivenes de Unidas Podemos, que mantiene una posición de denuncia clara como partido y más contemplativa como gobierno o también en el plano institucional, como sería el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El Estado ha armado una posición de defensa ―todo un catenaccio― para tratar de impedir saber la verdad, como se ha visto esta semana. Nada vamos a saber de la actuación de los servicios del estado en el espionaje ilegal si el independentismo no da con la palanca que obligue al PSOE a enseñar alguna de las carpetas comprometidas. O bien, las noticias sobre las nuevas investigaciones que mantiene Citizen Lab, y de las que ya se sabe que acabarán apareciendo muchas más personas de las 65 que se conocen espiadas utilizando el programa de Pegasus, podrían acorralar sin escapatoria alguna al Gobierno.

Esa es la batalla que debe dar el independentismo parlamentario, partidista y asociativo: exigir saber la verdad. Es, cueste lo que cueste, una posición ganadora, y entendible en Europa tanto entre la clase política como en los medios de comunicación internacionales, sobre todo en los de referencia. La violación masiva que ha supuesto la irrupción de Pegasus en la vida de los principales actores de catalanismo por parte del estado español alimenta la idea de que la violación de derechos de la minoría catalana es algo habitual y recurrente en los últimos años: la violencia policial del 1 de octubre de 2017, la violación de derechos con una sentencia desproporcionada en el Tribunal Supremo de los presos políticos o la interpretación sesgada de las decisiones de la justicia europea a la hora de tratar de detener a los exiliados.

Por eso, situarse al lado de la exigencia de conocer la verdad de lo que ha sucedido, quién lo ha ordenado y quién lo ha pagado es una carta ganadora. Aunque el Estado haga todo lo posible para divulgar noticias falsas que buscan enmascarar la inaceptable violación que ha supuesto la utilización de Pegasus en el espionaje ilegal y masivo.