Con la máxima educación y frialdad posible, pero con la mayor contundencia de quienes vienen ocupando estos últimos años los máximos cargos del ejecutivo español, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -también el ministro de Sanidad, Salvador Illa- han declinado la comparecencia en el Parlament de Catalunya, que había solicitado la comisión de investigación de la cámara catalana que evalúa la gestión del Gobierno español durante la primera ola de la pandemia. Entonces tenían el mando único y, en consecuencia, eran los máximos responsables de todas las iniciativas sanitarias en Catalunya.

Sánchez e Iglesias siguen el camino que antes ya realizaron Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, cuando fueron citados también por el Parlament, en la comisión encargada de investigar la Operación Catalunya y el papel del Gobierno español en la persecución del independentismo catalán. El 'no' como respuesta se ampara en un escrito del Consejo de Estado, que dice textualmente que los parlamentos autonómicos "no tienen potestad para requerir la comparecencia de las autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos, del Estado". Basándose en ello, Iglesias señala que en su condición de autoridad del Estado, "debo atender lo establecido en los dictámenes mencionados".

Todo el mundo sabe que el informe del Consejo de Estado del 2017 fue, sobre todo, un atajo del deep state para sortear lo que establece el Código Penal en su artículo 502 y evitar así tener que dar explicaciones sobre la Operación Catalunya: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos de delitos de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". Que Sánchez e Iglesias se acojan a este informe no deja de ser una excusa para no tener que explicarse y tratar con un cierto desdén al Parlament de Catalunya. Se da además la paradoja de que igual que la derecha española, PP y Ciudadanos han estado a favor de estas comparecencias, los comunes no se opusieron cuando Rajoy, Soraya o Cospedal fueron citados.

Hay, además, otro motivo. Más allá de lo que dice el Consejo de Estado, Sánchez e Iglesias hubieran podido comparecer si así lo hubieran querido. El dictamen no les impide asistir sino que les faculta a excusar su ausencia, lo que es muy diferente. Un parlamento autonómico no es una cafetería de un bar. Es una cámara legislativa que elabora leyes y tiene como objetivo la justicia social y el bienestar de los ciudadanos. Se merece, por tanto, un respeto y la mayor consideración posible. Los partidos españoles no han entendido que el modelo autonómico que tanto defienden con el actual sistema de comunidades, con una visión federalista o incluso con una visión que se aproxime a un modelo confederal, para que sea creíble necesita primero de todo creer en sus instituciones.

Es también este desprecio permanente, además de todas las razones de sobras conocidas, muchas de ellas vinculadas a temas económicos, de lengua o de identidad nacional, lo que ha desplazado a una parte muy importante de la sociedad catalana a posiciones nítidamente independentistas. En definitiva, una permanente sordera.