Las embajadas catalanas de Berlín, Londres y Ginebra podrán seguir operando y atendiendo los intereses de la Generalitat en estos tres países al no hacer caso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la petición del Gobierno español de medidas cautelares contra las oficinas, que hubieran comportado su cierre inmediato. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, tropieza en su nueva cruzada contra la Generalitat, obsesionado como está en cortocircuitar cualquier tipo de acción de las autoridades catalanas en el extranjero y en un nuevo intento de apagar, por el camino que sea, la proyección internacional del conflicto catalán. Casualmente, el Ministerio de Exteriores puso en marcha su nueva artillería judicial pocos días después de que fuera acusado de espiar durante meses las embajadas catalanas en estos tres países, Alemania, Reino Unido y Suiza. Incluso, inopinadamente, el ministerio aportó al TSJC mensajes confidenciales entre la Generalitat y sus propias delegaciones.
Desde el año 2012 de una manera especial, pero con mayor o menor agresividad desde siempre, el Gobierno español ha querido limitar la actuación del Govern en el extranjero. Lo cierto es que el enorme esfuerzo del Gobierno español ha tenido un resultado satisfactorio en las instituciones de la UE y en una parte significativa de las cancillerías europeas. Este bloqueo al que ha sido sometida la Generalitat se ha ido haciendo poroso a medida que descendía a otras instancias gubernamentales, en los medios de comunicación de los respectivos países y en la opinión pública internacional. Es ahí justamente donde los diferentes ministros de Asuntos Exteriores se han revuelto, con un resultado más bien escaso, contra todo tipo de iniciativas puestas en marcha por la Generalitat pero también contra las que han llevado a cabo partidos o entidades independentistas.
En estos siete años, en la batalla desigual entre el estado español, con su poder político y sus amplios recursos económicos, y el Govern de Catalunya, sin poder y con recursos económicos muy reducidos, bastante han hecho las autoridades catalanas con salir vivas de la refriega institucional. Sobre todo, porque a cada ministro de Exteriores que se ha ido nombrando por parte del Reino de España la obsesión con Catalunya ha sido mayor. Empezó José Manuel García-Margallo con sus acuerdos selectivos con países sensibles a la independencia de Catalunya, siguió el inefable Alfonso Dastis que se hizo famoso por negar la evidencia de la violencia del 1-O en los medios de comunicación internacionales, y ha cerrado este ciclo de siete años Borrell, que ha tenido el asunto catalán como tema único de su ministerio en el año y pico que lleva desempeñando el cargo.
Borrell no ha sido un buen ministro de Exteriores aunque haya obtenido la recompensa de ser nombrado alto representante para la política exterior de la UE, un auténtico premio de consolación entre los últimos que decidieron los jefes de Estado y de gobierno. Su patada a Europa le reportará, según la web Sueldos Públicos, un salario de 27.903 euros mensuales, 4.184 para vivienda y 1.418 en dietas. Una manutención de lujo tras casi 28 años cobrando -según dice esta web- sueldos públicos en política.