Un parte médico en el que se alude a la "reagudización de una antigua lesión en la articulación cúbito carpiana derecha que le ha generado problemas musculares" es la explicación oficial del palacio de la Zarzuela para apartar al rey emérito de cualquier acto oficial en los próximos días o semanas y, sobre todo, hacer imposible una foto de padre e hijo en Palma de Mallorca, coincidiendo con las tradicionales regatas a las que ambos acuden desde hace años o con la recepción oficial a las autoridades de las Illes Balears. La aparición de las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein desvelando supuestos secretos de alcoba que dejan muy en entredicho a Juan Carlos I, de quien llega a decir que le utilizaba como testaferro en cuentas en Suiza y que cobraba comisiones en contratos para empresas, está detrás de una decisión sin precedentes: Hay que esconder al que fue jefe del Estado español durante casi cuatro décadas.

El Corinnagate tiene ya tantas fugas informativas que lo que empezó como una situación extraña que era tratada únicamente como una relación con una "amiga íntima" y poca cosa más, está amenazando seriamente los cimientos de la institución monárquica española y provocando una crisis institucional sin precedentes a la que se trata de restar importancia desde el gobierno de Pedro Sánchez, en la confianza de que con un poco de suerte y con el verano de por medio, ya pasará. Lo cierto es que el caso de Iñaki Undargarín, cumpliendo condena en la prisión abulense de Brieva, en un discreto y aislado módulo de hombres de una cárcel de mujeres, parecía que era lo peor que le pudiera suceder a la monarquía pero en muy pocas semanas se ha visto que no es así. Que lo peor estaba por llegar.

Juan Carlos I tampoco viajará a Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente y la idea que se filtra desde palacio es que se le va a tratar de aislar para que no dé juego mediático este verano. En todo caso alguna salida lúdico-gastronómica y poca cosa más. La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha confirmado este viernes que se ha abierto una pieza separada para estudiar la "trascendencia penal" de las grabaciones que el excomisario José Manuel Villarejo (en prisión preventiva) hizo a la autodenominada princesa Corinna el año 2015 en Londres, cuando Juan Carlos I ya no era jefe del Estado. Y los partidos del bloque monárquico PP-PSOE-Cs han impedido en primera instancia la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Veremos hasta cuando.

Un artículo publicado en El País el jueves se refería al rey emérito como un "activo tóxico" y defendía "un exilio voluntario y discreto". No es habitual que se publiquen en la prensa de papel este tipo de artículos. Es un ejemplo más de los nervios que hay en estos momentos en el establishment de la capital española y que se centran en cuatro carpetas y que son vistas de la siguiente manera: un Gobierno español que gusta pero que arrastra una debilidad parlamentaria evidente, un conflicto catalán que la justicia española ha desbocado de su cauce natural, la explosión descontrolada de la imagen de la monarquía española, y el caso del Valle de los Caídos, un asunto, este último, el de la tumba de Franco, que en este Madrid del poder que se pasa en demasiadas ocasiones de padres a hijos y entre familias de muchos apellidos irrita y mucho.