El acuerdo entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y los comunes permitirá que, después de dos ejercicios ―2018 y 2019― con los presupuestos de la Generalitat prorrogados, este 2020 las cuentas puedan ser sustituidas por unas nuevas y de fuerte componente social. Los presupuestos priorizan de una manera muy importante dos departamentos tan sensibles para la ciudadanía como son Salut y Educació; dotan de mayores recursos en personal a Mossos d'Esquadra y Bomberos creciendo, en consecuencia, el Departament d'Interior; incrementan el gasto no financiero de la Generalitat en más de 3.000 millones de euros y aumentan la inversión pública en más de 400 millones hasta situarse en unos 2.000 millones de euros. Los presupuestos siempre son tan farragosos de explicar como de aprobar si no hay mayorías claras y, ciertamente, en Catalunya acostumbran a costar más que en ningún otro sitio dada la dispersión del mapa político.

Si los presupuestos acostumbran a ser mérito, casi siempre, en cualquier gobierno, del responsable de economía, en este lo son por partida doble, ya que su titular ha tenido que afrontar la negociación con una cierta displicencia del president de la Generalitat, Quim Torra, en demasiadas ocasiones poco interesado en lo que es la compleja gestión de la administración autonómica. Al final, ha tenido que ser la consellera Meritxell Budó quien ha aparecido en la foto de la negociación para escenificar el acuerdo a tres bandas.

El vicepresident, Pere Aragonès, consigue con los presupuestos una triple carambola: emerge como un político capaz de trenzar acuerdos más allá del ámbito estricto del Govern; refuerza su liderazgo en Esquerra Republicana, partido en el que ha ido asumiendo cada vez más protagonismo público; y se acerca, un poco más, a su designación como candidato a la presidencia de la Generalitat. A ello hay que sumar que la compleja aritmética en el Congreso de los Diputados y el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez le ha dado una línea de comunicación directa con el presidente del Gobierno, algo de lo que no anda sobrado el Ejecutivo catalán.

No todo brilla como debería en este nuevo presupuesto, ya que, por ejemplo, el incremento de la presión fiscal a las rentas por encima de 90.000 euros es una noticia que es de mala digestión y de mala venta. Sobre todo, porque si el déficit fiscal que sufre Catalunya y que se sitúa en unos 16.000 millones de euros se revertiera, las cuentas serían más expansivas y con menos coste para los bolsillos de los ciudadanos. Hay que seguir insistiendo en el agravio que supone el déficit fiscal, explicarlo bien fuera y dentro de Catalunya y movilizar a la sociedad catalana para superar la injusticia que supone.

El independentismo tiene que intentar, por todas las maneras posibles, alcanzar su objetivo político y mantener su compromiso electoral. Pero hasta ese momento hay que seguir peleando la gestión ordinaria de una administración catalana sometida a un atropello institucional con muy pocos precedentes en Europa. Para eso, los presupuestos son una buena palanca, sabiendo que no son, ni mucho menos, ni la solución justa, ni la definitiva.