No le va a ser del todo fácil explicar a Junts el apoyo dado in extremis a Pedro Sánchez y que le ha permitido al presidente del Gobierno salir triunfador y exultante de su primer envite serio en el Congreso de los Diputados. Y no será sencillo porque ellos mismos habían levantado unas expectativas que no han cumplido bien, sea por las amenazas del PSOE, por una advertencia de una hipotética súbita disolución de la legislatura española tras las europeas o por la reflexión, en el último minuto, de que debían hacer una votación responsable y que esta partida no la podían ganar el PP y Vox. Sea como sea, por la mañana Junts había decidido que votaría no a los decretos del gobierno Sánchez tras verbalizar en público y en petit comité que uno de ellos ponía trabas a la amnistía, laminaba competencias de la Generalitat y también que debían trasladar al ejecutivo español que no iban a aceptar un tipo de negociación en la que, según decían, eran invitados a la mesa con buena parte de las decisiones adoptadas.

Mantuvo esta finta durante toda la mañana y la intervención parlamentaria de la presidenta del grupo parlamentario, Míriam Nogueras, fue en una clara dirección de voto en contra. Ya al mediodía, una última negociación entre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y, por parte de Junts, Jordi Turull, desde Madrid, y Carles Puigdemont informado desde Bruselas, habría corregido el voto negativo en una no participación en la votación del decreto ómnibus de marras. No votaban a favor, tampoco en contra y aún menos se abstenían. Simplemente, dejaban de participar y negociaban en las horas siguientes una lista de compensaciones. El resultado final fue de 172 a 171 favorables al Gobierno. De hecho, solo Podemos mantuvo lo anunciado: a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ni agua. Y los morados tumbaron su decreto-ley de temas sociales y dejaron claro que sus cinco diputados tienen un precio y que la dirigente de Sumar es su adversaria y, por tanto, ni agua.

Junts, a cambio de su voto, lució ya por la tarde lo que popularmente se conoce como una lista de la compra en la que hay una relación de nuevos compromisos que el gobierno del PSOE tiene que cumplir. La relación de temas es difícil de evaluar tanto su compromiso como su impacto. Si se acaba haciendo realidad todo lo que en el inventario figura, el retorno —provisional o definitivo— al peix al cove del pasado tendrá, sin duda, una valoración favorable. Otra cosa es que ya hemos asistido en el pasado a tantos acuerdos, que un punto de prudencia no está de más, ya que el comunicado de prensa de Junts va a estar sometido a tramitaciones parlamentarias y, en algún caso, recursos al Constitucional por en medio. 

Si se acaba haciendo realidad todo lo que en el inventario figura, el retorno —provisional o definitivo— al peix al cove del pasado tendrá, sin duda, una valoración favorable

Así, se acuerda la supresión del artículo 43bis de la ley de enjuiciamiento civil que ponía en peligro la amnistía. Algo que deberá hacerse modificando el decreto aprobado este miércoles por el Congreso y en el que sí figura. La vía tendrá que ser otra iniciativa legislativa, que aunque sea en trámite de urgencia, llevará un tiempo por corto que sea. El PSOE no ha dicho nada, pero decía que si este artículo se suprimía, se ponía en riesgo las ayudas europeas. De hecho, esta ha sido la bandera del ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. ¿Realmente la va a modificar? ¿Si lo hace, el PP no recurrirá al Tribunal Constitucional, por lo que algunos ya consideraban anoche un fraude legislativo de manual, y lo acabará tumbando?

Otro tema importante es el acuerdo con el PSOE para la delegación de competencias a la Generalitat sobre inmigración, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución y a través de una ley orgánica específica para Catalunya. Sería una fórmula similar a la utilizada por José María Aznar y Jordi Pujol para ceder las competencias del tráfico a Catalunya. El temblor de piernas en el pasado cada vez que los socialistas han tenido que ceder algo en exclusiva a Catalunya no ofrece una gran confianza, pero es obvio que poder hacer una política propia en una materia tan importante sería un avance de calidad en materia de autogobierno. Habrá que ver hasta qué punto esta delegación de competencias por parte del Estado es compatible con el artículo 61 del Tratado de Lisboa que habla de los estados miembros.

Por la polémica que ha habido en los últimos días, es destacable también el pacto para reformar la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el real decreto del PP del 2017 y que las empresas puedan volver a Catalunya. Solo se enumera el pacto, sin aclarar si habrá incentivos o sanciones a las que regresen o a las que no lo hagan. En cualquier caso, el real decreto de Mariano Rajoy fue muy oportuno para marchar y, a buen seguro, ahora será harina de otro costal. Destacar, finalmente, el tema de las balanzas fiscales, donde se publicarán de manera inmediata los datos oficiales para poderse calcular. Lo suyo sería que, como en la época del ministro Pedro Solbes, fuera el gobierno español quien las publicara, pero eso no se concreta.

Resumiendo: Junts ha salvado de un buen apuro a Sánchez. El PSOE ha adquirido, a cambio, unos compromisos con la formación de Puigdemont. Y, seguramente, si se quería acabar aquí, la negociación y sobre todo su explicación se hubiera podido y tenido que hacer de otra manera.