Aunque desde la oposición las iniciativas que se presentan son siempre a título de inventario, no dejan de ser llamativas las oscilaciones políticas del Partido Popular, moviéndose entre mantener movilizada a su parroquia —de ahí la propuesta de abanderar la modificación del Código Penal para introducir una serie de delitos ante posibles consultas como la del 9-N o referéndums como el 1-O, que llevarían a la ilegalización de todas las organizaciones concernidas en ello— y mantener una línea caliente de comunicación que, como ya explicamos en agosto, la dirección del PP abrió con Esteban González Pons a mediados de la segunda semana de aquel mes.

Los populares se incomodan cada vez que se habla de aquel encuentro e incluso lo niegan. Quizás para salvaguardar a González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP, vicepresidente del Partido Popular Europeo y hombre de confianza de Feijóo, se han tirado siempre pelotas fuera por parte de los populares. Pero esta reunión de González Pons con el president Puigdemont en Bruselas es la que perimetró que no podía haber acuerdo, ya que el PP no podía asumir la agenda política de Junts, pero que la pasarela de comunicación no se rompería. Días después, Pons declararía que Junts es un partido cuya tradición y legalidad no discute nadie y Feijóo pagaría, como muestra de buena disposición a mantener un hilo de comunicación, con el grupo parlamentario de Junts en el Senado.

El primer decreto de la legislatura que quería colar el ministro Bolaños, y que acababa teniendo un torpedo en la línea de flotación de la amnistía, lleva camino de quedar en el dique seco

No ha sido el único contacto entre PP y Junts, siempre a iniciativa de los primeros, pero ese con el político valenciano es el único de una cierta relevancia, ya que si las cosas hubieran ido de otra manera, quién sabe como se habría escrito la historia de las siguientes semanas y si ahora el gobierno podía ser otro. El PP, con sus ataques a la línea de flotación del independentismo catalán, no es que quiera purgar sus pecados de intentar llegar a la Moncloa, sino cortocircuitar a Vox para que no le coma terreno y levantar un dique de contención ante los movimientos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Salir a estas alturas proponiendo disolver los partidos o entidades que impulsen un referéndum de independencia es, así, un medido brindis al sol, ya que las posibilidades de que ello sucedan son, en estos momentos, inferiores a cero. En este paquete de hipotéticas ilegalizaciones futuras por un hipotético referéndum y consulta estarían, aparte de los partidos, también las entidades Òmnium y ANC. Todo eso se produce en pleno debate de la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, que cuenta con los votos suficientes para ser aprobadas.

Por cierto, el primer decreto de la legislatura que quería colar a la remanguillé el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y que acababa teniendo un torpedo en la línea de flotación de la amnistía, ante el apartado que planteaba la paralización con la demanda de prejudiciales en el TJUE, lleva camino de quedar en el dique seco, ya que no le salen los números al PSOE. Junts no lo va a votar y PNV y Bildu fruncen el ceño. Su camino apunta a un proyecto de ley, con enmiendas y el trámite parlamentario pertinente. Lejos del oscurantismo con el que se pretendía hacer.