La decisión de la Junta de Fiscales de Sala de avalar aunque sea por la mínima que la amnistía se aplique a los condenados o procesados por malversación, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, es una victoria y, seguramente, un último servicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es cierto que el resultado de la votación ha sido muy ajustado —19 fiscales a favor y 17 en contra— y que pocas veces, en una cuestión que no afecta a nombramientos, la posición del fiscal general del Estado había estado tan cuestionada. Pero a lo mejor tampoco había habido nunca una posición tan divisoria en la que enfrente hubiera tenido a los fiscales del juicio del procés del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Cuatro auténticos patas negras de la Fiscalía en este país, con muchos trienios a sus espaldas y con un predicamento que ha recibido todas las loas mediáticas y políticas no hace demasiados años. Sin ir más lejos, durante dicho juicio, un acto que tuvo mucho de teatro y poco de justicia.

A todo eso se ha enfrentado Álvaro García Ortiz y no ha muerto en el intento. No ha necesitado ni la bala de oro, que no era otra que tirar de rango y de galones si perdía la votación en la Junta de Fiscales. Ahora, el sitio de los cuatro fiscales díscolos será ocupado por su segunda, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de la sala penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa. Serán ellos los fiscales encargados de firmar el informe y defender la postura del ministerio fiscal ante los magistrados del tribunal Pablo Llarena y Manuel Marchena. También, con este cambio de guion, acaba quedando tan solo Vox como defensor de mantener la condena o el procesamiento por malversación en el Supremo de Puigdemont, Junqueras, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa y no aplicarles la ley de amnistía.

Aunque Llarena y Marchena acabarán decidiendo lo que quieran y lo de la Fiscalía no es ni mucho menos definitivo, es obvio que el terreno de juego ha variado. No es lo mismo oponerse a la amnistía cuando la Fiscalía ha cambiado de bando y solo la ultraderecha pide que la ley no se aplique; y tampoco es lo mismo suspender las órdenes de detención si la Fiscalía te lo pide. En un lado estás más solo que la una (Vox no es una buena compañía) y en el otro están, más allá de las defensas, el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, que a la postre tendrán que defender una u otra posición ante los tribunales europeos, como representantes del estado español. El fiscal García Ortiz va a tener un recorrido futuro más bien corto en el cargo y se le sitúa fuera del mismo por revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso y que tanta polémica ha levantado.

Aunque Llarena y Marchena acabarán decidiendo lo que quieran y lo de la Fiscalía no es ni mucho menos definitivo, es obvio que el terreno de juego ha variado

Dicho eso, veremos qué acaban haciendo Llarena y Marchena en los próximos días, porque, aunque no hay plazo para ello, nadie cree que se demore la resolución más de una semana. No deja de ser casualidad que las fechas coincidan tres años después con la aprobación de los indultos y la salida de los presos políticos de la prisión el pasado 23 de junio de 2021. Todo ello coincidirá con los debates que se están produciendo en Catalunya sobre la investidura del president de la Generalitat. Con una o con otra decisión de Llarena, el president en el exilio Carles Puigdemont ha asegurado por activa y por pasiva que piensa regresar a Catalunya cuando se convoque esta sesión de investidura, tanto si es candidato como si lo es Salvador Illa. Ninguno de los dos tiene asegurados los votos por ahora, aunque es significativo que el líder del PSC y ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo haya decidido ganar un tiempo para ver si puede convencer a la dirección de Esquerra de que le otorgue los 20 votos que necesita.