La desorbitada sentencia de la Audiencia de Barcelona condenando al exconseller de Interior Miquel Buch a 4 años y medio de prisión y a 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, y al agente de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà a otros 4 años de prisión y 19 de inhabilitación por hacer de escolta del president Carles Puigdemont en Bruselas en su tiempo libre, es una auténtica aberración jurídica e insostenible en su relato de acuerdo con los hechos vividos en el juicio. No había, obviamente, motivo para la condena, ya que todo el relato que se hace en la sentencia es especulativo o falso, por más que se presente como hechos probados.
En síntesis, estamos hablando de que Miquel Buch siendo conseller contrató a Escolà como asesor suyo de julio de 2018 a marzo de 2020 y por este trabajo cobró 52.712 euros. ¿Había una plaza para contratarlo de asesor? Sí. ¿Realizó un trabajo durante este tiempo? También. Lo que hiciera en su tiempo libre no forma parte de algo que deba ser juzgado por un tribunal a menos de que cometiera algún delito, cosa que no hizo. Había, además, 14 informes de su trabajo de estos 20 meses y por más que el tribunal dude de su autoría, tampoco ha quedado una base sólida de que fuera invariablemente así. Lo mismo sirve para cualquier opinión que pueda haber por parte del tribunal o incluso de los investigadores de los Mossos sobre la entidad de los informes. Aunque así fuera, ¿desde cuándo unos informes deficientes acaban en una condena judicial? Seamos serios, por favor.
A Miquel Buch no se le ha impartido justicia, se ha actuado con venganza por ser quién es y, sobre todo, por la persona a la que supuestamente ayudó: el president Carles Puigdemont. Como está también con un procedimiento judicial en marcha el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, por un viaje que realizó a Nueva Caledonia en 2018, con motivo del referéndum que celebró este territorio bajo soberanía francesa, después de celebrarse el del 1-O, y por el peaje de una visita a los presos políticos de Lledoners que ascendía a 11 euros. Todo lo que rodea a Puigdemont parece tener en la justicia española una legislación propia y ad hoc.
No es extraño, en todo este contexto, la pulsión que se observa en el deep state con el papel del president en el exilio en la investidura de un presidente del gobierno español y de la importancia en la balanza de los siete votos de los diputados de Junts en el Congreso de los Diputados. Ese estado profundo que ante cualquier cambio a la vista identifica muy bien quiénes son sus enemigos y que hace salir del fondo del mar a sus servidores más fieles. Así vemos alineados y capitaneando el mismo barco tanto a Felipe González como a José María Aznar. Piensan lo mismo, quieren lo mismo y defienden lo mismo en el caso de Catalunya. Uno en ocasiones, cada vez menos, con guante de seda, y otro directamente con el garrote como su discurso principal.
En esta ocasión, han sido Miquel Buch y Lluís Escolà los injustamente represaliados, ampliando una lista que, si la investidura de Pedro Sánchez llega a buen puerto, la ley de amnistía devolverá a la casilla de salida. Òmnium ha cifrado en 1.432 los beneficiados de una ley de amnistía, de los 4.400 represaliados por el Estado que ha contabilizado, y que refleja en toda su crudeza la actuación represora de un estado que solo ha encontrado en ese uso de la fuerza la manera de inclinar las batallas a su favor.