Se ha iniciado este miércoles en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra el exconseller de Interior Miquel Buch y el agente de los Mossos Lluís Escolà, jefe de los escoltas del president Carles Puigdemont hasta diciembre de 2017. Ambos comparecen ante el tribunal como acusados, el primero de contratar al policía autonómico como asesor, cuando en realidad hacía de escolta encubierto del president en el exilio, y el segundo como cooperador en los planes del exconseller. La petición fiscal es del todo desorbitada y solo explicable en un contexto en que la persecución judicial al independentismo catalán continúa. Así, a Miquel Buch, el teniente fiscal Pedro Ariche le pide seis años de prisión y 15 años de inhabilitación como presunto autor de un delito de malversación de fondos, además de otros 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Al mosso Lluís Escolà la petición fiscal es de 4 años y 6 meses de prisión y 13 años de inhabilitación por malversación de fondos, más 10 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Los hechos juzgados se remontan al período entre junio de 2018 y mayo de 2019.

Aunque no consta ningún acuerdo ni documento entre Miquel Buch y Carles Puigdemont —sea e-mail, WhatsApp o cualquier escrito de otra índole— que sostenga la tesis del ministerio fiscal, de que le hizo de escolta ya en el exilio en Waterloo, y así lo puso de manifiesto el intendente de los Mossos Antoni Rodríguez, que fue el instructor en la investigación abierta en la policía autonómica, la Fiscalía, que ya conocía esta posición, ha llegado al juicio con una desproporcionada petición de condena. Veremos si en jornadas posteriores es capaz de aportar pruebas suficientes para esquivar la clara muestra de persecución judicial de esta primera jornada.

El independentismo ha dejado por el camino, durante estos años de gobierno de las instituciones catalanas o, simplemente, de defensa de sus posiciones políticas, que cada historia es una historia en sí misma. El caso Miquel Buch es paradigmático de un político independentista que aceptó la conselleria d'Interior en junio de 2018, bajo la presidencia de Quim Torra, y la ejerció durante 27 meses siendo cesado tras varias discrepancias públicas y por el papel de los Mossos como cuerpo policial, que el conseller defendía. Así, president y conseller chocaban en privado y en público, haciendo la situación del segundo insostenible en público mientras era defendido internamente por el cuerpo de Mossos al oponerse a la purga en el cuerpo que Torra le exigía.

En una división entre pragmáticos y radicales dentro de Junts estaría en el primer bloque, y entre consellers de despacho o detrás de la pancarta, también. En su carrera política como alcalde de Premià durante diez años, su gestión obtuvo muchos más aciertos que críticas. En un momento en que la política catalana discurría bajo la bandera de la unidad entre Junts, Esquerra y la CUP, este último partido pidió su cese, algo que explica la complejidad siempre difícil de una alianza teórica pero que solo lo fue sobre el papel. Hoy, Buch reúne a su condición de político leal y servidor público la condición de perseguido por la justicia. Una manera de hostigamiento para alejar a los mejores de la vida política.