Cualquiera que esté mínimamente relacionado con el derecho y con la política no puede menos que asombrarse con la exagerada petición de condena del fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de seis años de prisión y quince de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación para la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs. Durante ocho largas sesiones en el TSJC hemos visto desfilar a testigos, peritos y acusados; hemos asistido a declaraciones exculpatorias de los diferentes consellers de Cultura, con los que trabajó como directora de la Institució de les Lletres Catalanes; también inculpatorias por parte de una funcionaria de la institución cultural, que con tono contundente aseguró al tribunal que le había alertado repetidamente sobre las irregularidades en las contrataciones; y se ha confirmado el pacto entre dos acusados y la Fiscalía que ha acabado de poner contra las cuerdas a Borràs.

Las declaraciones de Isaías Herrero y Andreu Pujol, los dos acusados que han visto reducida su petición de condena tras su cambio de declaración, cimentaron el relato de la Fiscalía y ayudaron a que todas las miradas se dirigieran a la presidenta suspendida del Parlament: "Acordamos presentar varios contratos; uno bueno y dos comparsas", señaló Herrero, haciendo más difícil la defensa de los cargos contra ella de fraccionamiento de contratos durante la etapa en que dirigió la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. En total, Borràs habría encargado a dedo 18 contratos a Herrero por valor de 335.000 euros, para modernizar la web de la Institució. Un trabajo que se hizo y a precio de mercado.

En las próximas fechas, el TSJC emitirá su sentencia con muy pocas posibilidades de que sea exculpatoria. No cabe aquí esperar un cambio total respecto a la petición de la Fiscalía, y durante el juicio, si alguna cosa se ha visto, es que la sensación de culpabilidad por parte del tribunal estaba muy asentada. Como no hay que ser ingenuos, cabe esperar que los errores administrativos que se hayan producido, si es que así lo considera el tribunal, tendrán un fallo varios grados más que si se tratara de un cargo público con menos peso político y de una ideología diferente. Aunque no hay un plazo para que se haga pública —se acostumbra a establecer como criterio no reglado el de alrededor de un mes—, será importante la prisa que se dé el tribunal que ha presidido el máximo responsable del TSJC, Jesús María Barrientos. 

El tiempo y no solo la sentencia condicionarán, en parte, la idea de escarmiento a una dirigente independentista. De hecho, Borràs, en su alegato final, ha reiterado que se le había criminalizado para perjudicarle personal y políticamente. Si la sentencia se conociera con una celeridad inusual por parte del TSJC y fuera hecha pública antes del 12 de marzo, domingo, Borràs no llegaría a los dos años como presidenta del Parlament y perdería alguna de las prerrogativas económicas del cargo, tanto a presente —una indemnización de una legislatura— como a futuro —una pensión a partir de los 65 años—, que están recogidas en el Estatut y en las leyes y los reglamentos redactados posteriormente. 

Aunque Junts se ha conjurado para mantener cerrado a cal y canto el debate sobre las diferentes opciones del partido para sustituir a Borràs de su cargo de presidenta del Parlament y del partido si la sentencia es condenatoria, es obvio que si fuera así, el relevo en el primer cargo se precipitaría aunque Jordi Turull no quisiera. Se tendría que proceder a una nueva elección del segundo cargo institucional más importante del país y debería ser fruto de un acuerdo, dada la fragmentación de la cámara catalana. Habrá que ver si una vez se ha roto el Govern y Junts lo ha abandonado, Esquerra mantiene el apoyo para la presidencia del Parlament a un candidato o candidata de Junts o, por el contrario, se establecen nuevas alianzas por parte de Esquerra o también por parte de Junts. El desacuerdo entre ellos podría dar la presidencia también a un representante del PSC, que fue el ganador de las elecciones del 14 de febrero de 2021.