El anuncio de la dirección del Partido Popular de que cerraba el expediente informativo a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que se situó casi fuera de la organización por la comisión cobrada por su hermano en la compra de un lote de mascarillas procedentes de China, supone una humillante derrota para Pablo Casado y la confirmación de que su liderazgo al frente de la formación azul, si es que alguna vez existió, está a punto de finalizar. Le resta tan solo el tiempo que le concedan Ayuso y los dos principales barones de la derecha española, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz Juanma Moreno. El suicidio político de Casado está acorde a su biografía: de su fraude con el posgrado en Harvard, que en realidad no era más que un máster de cuatro días en Aravaca, al asalto fallido al bastión de Ayuso acompañado por un tropel de indocumentados que desconocen que en la derecha con las cosas de comer no se juega y un caso de corrupción más o menos ni quita ni pone presidenta.

Casado ha dado un paso atrás en su guerra con Ayuso después de confirmar que carecía de apoyos en el partido, que la prensa conservadora le pedía su dimisión, que el gran capital no se le ponía el teléfono y que toda su estrategia para acabar con la lideresa en Madrid se había derrumbado como un castillo de naipes. ¿Que hay uno o varios casos de corrupción? Aparentemente sí, pero que de ello se derive una apertura de causa judicial a la presidenta de la comunidad de Madrid hay un abismo y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la acabe citando como investigada, no uno sino varios precipicios por el camino. Porque Ayuso es establishment, con todo lo que supone todo esto en Madrid, y el pobre Casado carece de este reconocimiento.

Por cierto, un día habrá que saber el porqué del enorme contraste entre los ríos de noticias que han proporcionado estos días las comisiones de los familiares de Ayuso y el enorme silencio sobre la decisión del juez de rechazar el recurso de Ada Colau para que archivara la causa de las subvenciones a entidades afines y mantener su imputación. Ni una llamada en portada de la antaño influyente prensa de papel, pese a que Colau tendrá que declarar el 4 de marzo por cuatro presuntos delitos: prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público y tráfico de influencias. Por cierto, Colau, hábilmente, ha desaparecido del plató desde que el juez mantuvo la imputación y no sé yo donde ha estado la petición de que dé explicaciones.

Como cualquier ciudadano, la alcaldesa de Barcelona tiene derecho a la presunción de inocencia y más ante acusaciones tan graves; pero como dirigente de un partido político y de un movimiento que venía a cambiar la manera de hacer política, tiene menos derecho a propinarle al código ético de los comunes la patada que le ha dado y que le obligaba a presentar la dimisión tras la primera imputación. Obviamente, mucho más después de que el juez mantuviera la imputación y la citara a declarar. Nada de eso ha hecho, y ha reiterado que no piensa dimitir, y llamativamente los dardos de la prensa de papel o de la influyente TV3 han pasado de largo directamente hacia Madrid, que siempre es una manera de estar en la onda mediática española. Y, además, así, seguro, que el teléfono no es un incordio.

Con Casado rendido, Egea hundido y Díaz Ayuso rehabilitada veremos cuanto tiempo tarda la derecha en cambiar su cúpula, con una elección que marcará el futuro del PP: Ayuso para absorber el voto de Vox, o Feijóo para un gobierno de coalición con el PSOE. En cualquier caso, sopla un viento demasiado gélido para un desconcertado independentismo que no sabe, desde hace demasiado tiempo, donde perdió el timón para fijar el rumbo a seguir y dejar de navegar a veces en círculo, y otras hacia atrás.