Se ha cumplido este Viernes Santo el tercer aniversario desde que se conoció el mayor caso de espionaje por parte de un gobierno de Europa a una ideología perfectamente legalizada como es el independentismo catalán. El conocido como CatalanGate fue descubierto a raíz de una investigación del portal canadiense Citizen Lab, que hizo pública una lista de 65 independentistas catalanes que habían sido espiados entre 2017 y 2020 con dos softwares de las empresas Pegasus y Candiru, que solo son accesibles a los Estados.

Tres años después, el caso anda empantanado en diversos tribunales, incluso alguno de los litigantes ha conseguido alcanzar ya la justicia europea. Como en otras situaciones similares, se puede decir que ha habido mucho ruido y pocas nueces. O lo que es lo mismo, muchas declaraciones, mucho fuego dialéctico... pero pocos resultados. En esta caso, a diferencia de la operación Catalunya —que coge de lleno años de gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular—, son el PSOE y Pedro Sánchez los que andaban detrás del espionaje ilegal al independentismo catalán. Y si hemos de ser serios, es fácil concluir que si Rajoy es el último responsable del primero de los casos, Sánchez lo es del segundo.

La lista de afectados, que hoy casi hay que buscar en las hemerotecas para rescatar, engloba a tres presidents de la Generalitat —Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, este último en ejercicio cuando fue espiado—, Marcela Topor, esposa del president de la Generalitat en el exilio Carles Puigdemont y varios colaboradores suyos como Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye. En la lista de políticos espiados están también Marta Rovira, Laura Borrás y un largo etcétera de dirigentes independentistas catalanes. Uno de los casos más clamorosos fue el del president Aragonès, espiado mientras negociaba con el PSOE con el aval del Tribunal Supremo.

El CatalanGate ha sido un escándalo político. En cualquier país serio de nuestro entorno habría hecho rodar cabezas 

Lo cierto es que de aquel espionaje ilegal todos han pasado más o menos de puntillas en el mundo independentista. Allí siguen en su cargo tanto los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, como su jefe máximo, Pedro Sánchez. La comisión de investigación en el Congreso de los Diputados tampoco salió adelante, en parte porque las prioridades políticas de los independentistas fueron otras y el Estado español disponía de mecanismos para protegerse y no tener que explicar que había tenido que actuar en defensa de un bien que considera supremo, como es la unidad de España.

Al final, el CatalanGate ha sido un escándalo político. Que no se haya estirado lo suficiente para llegar a sus últimas consecuencias ni relativiza ni resta importancia a algo que en cualquier país serio de nuestro entorno habría hecho rodar cabezas muy importantes.