Solo un gobierno insensible a la permanente vulneración de derechos fundamentales y acostumbrado a saltarse la legalidad como el de Pedro Sánchez sería una y otra vez insensible a las peticiones internacionales para investigar y asumir responsabilidades por el espionaje del CatalanGate. Una nueva resolución de Naciones Unidas conocida este martes vuelve a ser un toque de atención al Gobierno español por el uso del programa israelí Pegasus contra el independentismo catalán, en el que ha sido el caso de espionaje y de persecución política más multitudinario conocido hasta la fecha.

Un informe preliminar del Parlamento Europeo de la comisión de investigación de la Eurocámara, conocido el pasado mes de noviembre, ya hacía responsable al Gobierno español del espionaje a 65 dirigentes independentistas, llevado a cabo en el marco del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de los acontecimientos posteriores. Son múltiples las peticiones internacionales que se han conocido desde que Citizen Lab, el laboratorio interdisciplinario con sede en la Universidad de Toronto, Canadá, publicó el pasado mes de marzo un exhaustivo informe en el que se identificaba hasta 65 víctimas consumadas o intentadas por Pegasus.

Aunque entre los espiados estaban los cuatro presidentes de la Generalitat desde 2010, dos presidentes del Parlament y toda una retahíla de políticos catalanes importantes, activistas, abogados y periodistas, lo cierto es que el escándalo internacional que supuso se ha ido progresivamente apagando. Los intereses políticos han tenido mucha importancia, ya que difícilmente se podía mantener viva la reclamación de responsabilidades por el espionaje, con el ruido que esto conlleva, y, al mismo tiempo, sentarse a negociar los dos gobiernos como si nunca hubiera sucedido el CatalanGate.

Suerte hay, no obstante, que periódicamente el CatalanGate reaparece para recordarnos a unos y a otros que existió, fue de una enorme gravedad y no se ha hecho nada al respecto para aclarar el mayúsculo escándalo y exigir responsabilidades. El Parlamento español también se desentendió de la grave anomalía democrática, dando por bueno que contra el independentismo catalán vale todo, esté dentro o fuera de la ley. El Parlament de Catalunya exigió la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, igual que el president Pere Aragonès. La ministra sigue en su cargo y el Gobierno se limitó a un cese menor como fue la de la directora del CNI, Paz Esteban.

Resuelto este cese, con el anuncio de una investigación interna y el compromiso de que no volvería a suceder, se procedió al carpetazo. Hasta la próxima, claro está.