Ni el presidente Pedro Sánchez ni ninguno de los cuatro ministros convocados por el Parlament para dar cuenta de la utilización del programa Pegasus para espiar políticos independentistas van a comparecer en la comisión de la cámara catalana creada al efecto. La excusa ofrecida por la Moncloa es que ellos solo dan cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado, las dos cámaras legislativas españolas en las que periódicamente los grupos parlamentarios les pueden formular preguntas. Es evidente que es una vía escapista y que tiene mucho de postureo: bloqueas cualquier comisión de investigación en las Cortes, donde ya tienes a PP y Vox siempre dispuestos a ayudar, y al Parlament se le contesta que es una cámara de competencias restringidas y esta queda fuera de sus competencias.

Así, se cierra la carpeta. Cuando se plantearon tanto por parte de Esquerra como de Junts la convocatoria a la comisión de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, ya era previsible un carpetazo así. Pero había que citarlos para tener constancia de su negativa. Veremos ahora qué sucede con otros cargos del estamento judicial, miembros de anteriores gobiernos y toda una retahíla de personalidades españolas que podrían aportar luz sobre el espionaje del Catalangate. Pero luz es, seguramente, lo que menos están dispuestos a permitir cargos que lo han sido de gobiernos españoles del PSOE y antes del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy, que, por otra parte, también ha sido citado.

No deja de ser sorprendente esta actitud española justo en un momento en que la Comisión Europea acaba de recordar que, tal como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la simple referencia a la unidad nacional por parte de los estados miembros no es suficiente para excluir la aplicación del derecho de la Unión Europea. Es decir, las garantías que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no pueden ser pisoteadas enarbolando como única bandera una inconcreta seguridad nacional y aprovechar esta situación para practicar un espionaje ilegal.

La CE sigue con detalle la comisión de investigación del Parlamento Europeo que España ha tratado de dinamitar, negándole documentación o haciéndole difícil los trabajos de investigación. Todos los caminos conducen al mismo sitio en el caso del espionaje contra los independentistas catalanes: negar los hechos, ocultar información, descalificar las investigaciones y blindar las personas que pueden estar al caso del espionaje practicado. Son las cuatro esquinas que apuntalan lo que se esconde debajo de la alfombra de la corrupción del mayor caso de espionaje conocido en Europa.