No es ninguna buena noticia para el fiscal general del Estado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya elevado al Tribunal Supremo un escrito en el que asegura que Álvaro García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que el Tribunal Supremo le abriera una causa y siete días antes de que la Guardia Civil registrara su despacho oficial. Para decirlo suave: si el fiscal general del Estado quería situar todos los focos alrededor suyo y generar la sospecha de que estaba destruyendo pruebas claves de la investigación sobre la causa de revelación de secretos en la que está imputado y que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, este era el camino que tenía que seguir.
El modus operandi del fiscal general más bien se asemeja al empleado por los narcotraficantes, cambiar de aparato para borrar el rastro de todos los mensajes. Mala carta de presentación en el Supremo, ciertamente. Porque, ¿cuántas posibilidades existen de que todo sea una casualidad y las fechas en las que se produjo, una carambola? Además, si alguien sabía que no podía desprenderse del teléfono era García Ortiz, ya que estaba inmerso en una causa del Supremo y conoce mejor que nadie los pasos que sigue una investigación como la suya. Las explicaciones que ha mirado de utilizar a modo de cortafuegos, como, por ejemplo, que había razones de seguridad, tampoco tienen consistencia alguna.
Desde que a mediados del pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo abrió una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, he sostenido que el mejor camino para el fiscal general y, por extensión, para el gobierno que lo ha nombrado, era su dimisión. Todo lo que no fuera en esta dirección es lesivo para la institución y también para Pedro Sánchez, que, en este caso, actúa de protector del investigado y defensor a capa y espada. Han pasado casi tres meses y nada se ha movido, esperando, quizás, a que amaine el boquete que tiene en su relación con la verdad. Pero no solo lo hace por defender al fiscal y los secretos que pueda tener, sino porque entienden los socialistas que la situación alimenta el discurso de lawfare que abanderan desde Moncloa para rebatir todas las causas judiciales abiertas.
Desde que el Supremo abrió una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, he sostenido que el mejor camino para el fiscal general y para el gobierno que lo ha nombrado, era su dimisión
Sinceramente, los que hemos leído decenas y decenas, seguramente varios cientos, de causas judiciales o informes policiales contra el independentismo, no podemos, sino mostrar perplejidad por las insinuaciones comparativas. Se nota que ninguno de ellos ha hecho ni tan siquiera el ejercicio de dedicar alguna hora a leer aquellos informes, autos o resoluciones, en los que el firmante daba pie a su imaginación, como si se tratara de una obra de ficción. Esa imaginación desbordante aún no la conocen en Moncloa, por más que quieran comparar las situaciones. Siempre pongo como ejemplo el caso de los Jordis —Cuixart y Sànchez— condenados a nueve años de prisión e inhabilitación absoluta y que no hubieran tenido que pasar ni una noche de cárcel, ya que eran líderes de entidades soberanistas como Òmnium Cultural y la ANC.
Vale la pena ir a la página web de la Moncloa en la que aparece la declaración institucional del entonces presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y releerla. Pararse en frases como estas: "Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado —y me gustaría, además, subrayarlo— con plenas garantías y a su transparencia, y como corresponde a un Estado Social y Democrático de Derecho, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento". O bien, "en una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto políticos, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico". En otro momento, "quiero reconocer la labor independiente del Supremo, que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones... demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro poder judicial".
El pasado siempre acaba persiguiendo cuando cambias tantas veces de discurso. Porque los jueces de entonces son los de ahora y los tribunales también. Y aquel lawfare de manual tiene poco o nada que ver con la situación con las banderas que ahora se enarbolan desde la Moncloa.