Si no hay cambios de última hora, el martes el juez Juan Carlos Peinado atravesará las puertas del Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el caso que tiene abierto sobre su esposa, Begoña Gómez, en el que se encuentra imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El gobierno español ha tratado por todos los medios a su alcance de evitar esta comprometida situación y ha hablado incluso, a través de la ministra portavoz del Gobierno, de juicio político, algo que obviamente no deja en buen lugar a nadie.
En primer lugar, al gobierno español, que habrá sorprendido a más de uno de sus socios europeos por cuestionar la imparcialidad de la justicia y no velar, como sería su obligación, por el prestigio de las instituciones españolas, en este caso los tribunales. Pero tampoco deja en un lugar decoroso a la justicia española, que está en el foco desde, al menos, 2017, por actuaciones claramente parciales en las diferentes causas contra el independentismo judicial. Lo que sucede es que decir atrocidades contra los independentistas salía gratis, ya que los partidos españoles —no solo el PP, Vox y Ciudadanos, sino también el PSOE, para eso están las hemerotecas— eran un bloque compacto.
Pero ahora, la ruleta se ha detenido en otro sitio y es Pedro Sánchez el que se encuentra en el disparadero. Sobre él, a través de su mujer o de su hermano, las familiares, y el caso Koldo y la compra de mascarillas, las gubernamentales, han ido avanzando las causas judiciales. La maquinaria judicial se ha cruzado de manera implacable y, por experiencias anteriores, nada de ello parece tener un final feliz. Es cierto que, por lo que se sabe y se puede observar, el gobierno español tiene motivos para estar seriamente preocupado. Es fácil recordar cómo se construyó contra los Jordis —Sànchez y Cuixart— una causa de rebelión y finalmente fueron condenados por el delito de sedición a nueve años de prisión y otros tantos de inhabilitación. Cuando, si algo hicieron, fue rebajar la tensión y pedir que la gente se fuera a sus casas en aquella manifestación frente a la Conselleria d'Economia.
La maquinaria judicial se ha cruzado de manera implacable y, por experiencias anteriores, nada de ello parece tener un final feliz
¿Cómo puede acabar lo de Sánchez? Pues siguiendo este criterio, escalando el caso hasta el Supremo y con condena. ¿Cuesta de ver? Sí, claro. Pero las pautas de la justicia española son de una gran tenacidad, cuando se toma una decisión y, desde hace mucho tiempo, hay una idea clara en estos ambientes de que el presidente del Gobierno forma parte más de lo que ellos entienden como el problema español que de una solución. No dejará de ser curioso ver a Peinado entrando el martes en la Moncloa con todo su séquito para interrogar a Pedro Sánchez, y al presidente, al acabar esta citación, cogiendo un avión para reunirse con Felipe VI en Palma, en su tradicional despacho de verano. Cosas de España.