La decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de imputar a la exconsellera de Interior del Govern del País Valencià Salomé Pradas por los presuntos delitos de homicidio y de lesiones por imprudencia es un paso significativo en la causa penal por las 225 muertes por la DANA de hace cuatro meses. Pradas será el primer cargo político del Gobierno valenciano que tendrá que ir a los tribunales a dar explicaciones sobre la gestión del temporal como máxima autoridad en el momento de enviar la alerta a los móviles. Asimismo, la magistrada también cita al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por su relevancia orgánica y decisoria. Son los primeros movimientos judiciales en lo que va a ser sin duda un viacrucis para el aún presidente Carlos Mazón, agarrado al sillón y resistiendo los embates contra las protestas en la calle, la dirección de su partido y los medios conservadores que piden abiertamente su renuncia o que sea cesado por Génova.

Si hasta la fecha la mayoría de las miradas han estado puestas en la reconstrucción de la zona afectada y la caótica actuación de las administraciones, con muchas de las ayudas anunciadas pendientes de llegar a los damnificados —se puede hacer mucha broma, pero la única ayuda que ha llegado al 100% ha sido la de Juan Roig, el propietario de Mercadona, que hizo una donación de 40 millones de euros para ayudar a todos sus trabajadores afectados por la DANA— por más que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegurara hace unos días que el ejecutivo español prevé que para finales del mes de abril el Consorcio de Compensación de Seguros tenga resueltas cerca del 95% de las reclamaciones. La situación sobre el terreno deja de ser tan halagüeña y las quejas de muchos vecinos que lo han perdido todo o han sufrido daños irreparables es ensordecedora. Eso por no hablar de la permanente contienda entre administraciones para sacar provecho en las escasas buenas noticias que se producen.

La jueza de Catarroja ha desmontado en su auto buena parte de los argumentos defensivos que ha venido utilizando la Generalitat Valenciana en los últimos meses

Mazón a todo ello le resta importancia, resalta que le preocupan poco las críticas y mira hacia otro lado. La juez le ha ofrecido la posibilidad de personarse como testigo, cosa que ha rehusado. La magistrada no lo va a imputar, porque el caso saltaría rápidamente al TSJV por su condición de aforado. Asistiremos a una instrucción larga, en la que Mazón será, en todo caso, la última pieza del puzzle. La jueza de Catarroja ha desmontado en su auto buena parte de los argumentos defensivos que ha venido utilizando la Generalitat Valenciana en los últimos meses, apuntando al área de Emergencias dependiente del Gobierno de Mazón como la encargada de tomar las decisiones que advirtieran a la población y desgranando toda la información de la que disponían para evitar las muertes por la inundación. Su escrito es contundente al respecto: "Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos". Por ello entiende que existe negligencia con relevancia penal y una imprudencia grave.

Feijóo sabe que Mazón es una patata caliente que además empieza a tener un coste electoral para el PP que afecta a la comunidad y en todo el Estado. Por primera vez, en el PSOE la preocupación ha bajado ligeramente, mientras que en el PP intentan perimetrar el daño del efecto Mazón. El presidente del PP, poco partidario de intervenir cuando hay un incendio en el partido, sigue la técnica de su antecesor, Mariano Rajoy, de dejar que las cosas sigan su curso. Y así llevan los populares cuatro meses, sin que se vislumbre el final y sin que las expectativas electorales mejoren. Es más: desde que se produjo la DANA han ido hacia atrás o en el mejor de los casos las expectativas se han mantenido estables. Mientras, a su derecha, Vox se beneficiaba de esta situación, al menos hasta que ha llegado Donald Trump y sus relaciones le han jugado a la contra. Es el signo de los tiempos: antes, una foto con el presidente de Estados Unidos era un activo político y hoy es una fuente de problemas.