Aunque en los últimos días era de dominio público que el juez Joaquín Aguirre se quería ir a celebrar la verbena de Sant Joan con un nuevo documento después de que la Audiencia de Barcelona le haya ordenado que detenga la investigación del caso Volhov y que carece de valor alguno todo lo que haya realizado desde agosto de 2023, el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona lo ha vuelto a hacer una vez más. Así, se ha sacado de la manga una nueva pieza separada para poder investigar a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont por los delitos de malversación de caudales públicos y de traición junto a otras once personas.

La inclusión del delito de traición no es casual, ya que está excluido de la ley de amnistía si se demuestra un ataque real extranjero contra el estado español. Aunque hay que esperar que la Fiscalía no dé crédito a la fabulación del juez Aguirre, ya que el texto es todo menos una resolución razonada del juez de instrucción, hay otra cosa más preocupante: ¿hasta cuándo va a permitir la justicia el descrédito de un magistrado que con su actuación siembra por doquier el desprestigio de la judicatura española? ¿Es aceptable que nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial, tome cartas en el asunto y se juegue así con la reputación de las personas? ¿Quién compensará en nombre del juez Aguirre la denigración permanente que lleva a cabo?

Las 56 páginas del auto de la pieza separada de la injerencia rusa en el movimiento independentista, en la que no hay ningún hecho delictivo ni nuevo, son, sobre todo, una recreación en la que tan pronto se habla de guerras híbridas, de las ayudas financieras de China, de la trama rusa en la que no se concreta si son próximas al gobierno ruso o al servicio secreto, e, incluso, insinúa que a Pedro Sánchez le hizo presidente Vladímir Putin, ya que relaciona la injerencia rusa —que sitúa su inicio en el 18 de mayo de 2018— con la firma del llamado caso Gürtel, que a la postre tumbaría por corrupción al gobierno de Mariano Rajoy.

¿Hasta cuándo va a permitir la justicia el descrédito de un magistrado que con su actuación siembra por doquier el desprestigio de la judicatura española?

Entre los que tienen la condición de investigado están, entre otros, el abogado Gonzalo Boye; el jefe de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay; la exconsellera de Presidència, Elsa Artadi, y el periodista Carles Porta, conocido por la exitosa serie de televisión Crims y la serie documental Tor. El susto que se habrá llevado Porta debe ser muy superior a la sorpresa que su legión de seguidores se llevan con sus investigaciones y descubrimientos como referente del género de crímenes que le ha proporcionado un Premio Ondas. Pues bien, a Porta le imputa porque estaría enterado del plan secesionista catalán y la supuesta participación rusa con aquellos 10.000 soldados que le iba a prestar Putin. De ello deduce Aguirre que "Carles Porta tenía que jugar algún papel de relevancia en la trama ruso-catalana".

Aunque pueda parecer cómico a algunos, no tiene nada de gracioso, ya que hay acusaciones, personas involucradas y daño moral y material a todas ellas. Y hace mucho tiempo que dura.