No ha tardado ni dos meses, Ada Colau a mostrar sus verdaderas intenciones: gobierno de coalición con Jaume Collboni o no le aprobarán los presupuestos de Barcelona. Colau ha puesto así en marcha el reloj para presionar al PSC, demostrando a las primeras de cambio la fragilidad del acuerdo que le dieron al dirigente socialista cuando los nueve concejales le invistieron alcalde el pasado 17 de junio. Una suma que hizo 19 ediles, lejos aún de los 21 que necesitaba. Los otros que necesitaba vinieron del PP, que de la mano de Daniel Sirera acabaron con las ilusiones de Xavier Trias.
Como ya era previsible, el PP ha hecho el papel de la triste figura: puso como condición para darle los votos que necesitaba Collboni que los comunes no estuvieran en el gobierno de la ciudad. Sirera pregonó a diestro y siniestro que esta había sido la condición, además de impedir que hubiera un candidato independentista. Si los comunes se integran en el equipo de gobierno, Sirera y el PP se merecen un serio castigo de sus votantes, ya que, por segunda vez, sus electores, o al menos muchos de ellos, habrán sido engañados.
Pasó con la pirueta política de Manuel Valls en 2019, que después de propagar durante toda la campaña que sus votos eran la garantía de que Colau no fuera alcaldesa, la acabó votando. Con menos estridencias, Sirera ha repetido la jugada y la derecha más españolista, tan crítica con los comunes, ha vuelto a cometer el error que decía querer evitar. Cuando un fallo se comete dos veces seguidas, quizás es que estamos ante una mentira como una casa de payés.
Collboni tiene dos meses para decidir el camino que debe seguir y cómo desea estabilizar la legislatura municipal. Echarse en manos de Colau no es precisamente lo que están esperando los sectores más dinámicos de la ciudad y, además, tampoco tendría una mayoría absoluta para gobernar, ya que necesitaría un tercer socio que los comunes desean que sea Esquerra. Trias no ha hecho ningún movimiento, aunque su relación con Collboni es fluida y han mantenido alguna reunión en profundidad.
Para acabarlo de enredar, la posición de Junts en la política española, decisiva para la investidura de cualquier presidente del Gobierno español, obliga al PSC a actuar con cautela. En política siempre hay vasos comunicantes, aunque muchas veces cueste de ver. Por cierto, el retorno de Carles Puigdemont a Waterloo, después de unas semanas en Cotlliure con la familia, es una señal inequívoca de que las conversaciones con los partidos españoles están a punto de empezar y de la importancia que el president concede a que estas se produzcan en el que ha sido su país de residencia desde que abandonó Catalunya en octubre de 2017.