Vamos a asistir en las próximas semanas a un debate que debería ser profundo y no semántico y superficial, sobre la financiación de Catalunya. Más bien, sobre la escandalosa infrafinanciación de Catalunya de la que son responsables tanto el gobierno de Mariano Rajoy como el actual de Pedro Sánchez, ya que el actual sistema está caducado desde 2014. Desde hace una década, lejos de plantearse una revisión, ya ha venido bien ahogar las arcas de la Generalitat, presentar a sus gobernantes como unos manirrotos solo preocupados por los temas relacionados con la independencia y estrangular su capacidad financiera. Hasta el extremo de que el gobierno español era el banquero y los catalanes teníamos que pagar intereses por un dinero que con un sistema justo ya se hubiera quedado aquí.

Pero en España a todo el mundo le ha ido bien y los catalanes hemos alejado del centro del debate político una cuestión capital para el bienestar de sus ciudadanos, demostrando una vez más que la partida de la política española es una asignatura pendiente. Porque siendo importante la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el bloqueo existente por la pinza de la derecha con el mundo de la judicatura, su actual composición está vencida desde el 4 de diciembre de 2018. A grandes trazos, la mitad del tiempo que lleva caducada la financiación y no es comparable la literatura mediática respecto a un tema y otro. Al PSOE y al PP les vemos hablar a diario del CGPJ y casi nada del expolio económico que sufre Catalunya.

Ahora, al Gobierno Sánchez le aprieta el zapato, ya que está en juego la investidura de Salvador Illa en Catalunya y es normal que el líder del PSC le pida un esfuerzo extra para tumbar las resistencias de Esquerra, una vez ha quedado el tema que los republicanos definen como financiación singular como la rótula para abrir las puertas del acceso del socialista al Palau de la Generalitat. Habrá otros temas, pero, al parecer, serán subalternos del principal al haberse descartado otro infranqueable como un referéndum acordado. Y, al final del camino, la validación de la militancia republicana a un hipotético acuerdo entre PSC y Esquerra en pleno mes de agosto. Seguramente, al límite del tiempo permitido que es el 25 de agosto si se quiere evitar la repetición electoral a mediados de octubre.

Como que la experiencia demuestra que en Madrid son extraordinariamente hábiles para envolver las palabras como conceptos similares que, al final, parece que dicen lo mismo, pero nunca son lo mismo, habrá que hacer mucha pedagogía para distinguir lo que es una cosa y lo que otra. Que no acabemos comprando una joya de imitación en vez de una de verdad. Porque lo que es el concierto económico está bien claro. Es un sistema de financiación propio del País Vasco y Navarra que reconoce la capacidad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, establece los criterios en virtud de los cuales se distribuye la recaudación y determina la metodología para cuantificar la contribución del País Vasco a las arcas del Estado que no estén asumidas por la comunidad autónoma (cupo).

El concierto económico es el sistema que Catalunya ha venido reclamando insistentemente

Ese es el sistema que Catalunya ha venido reclamando insistentemente, aunque para dulcificarlo, en la época del president Mas se definió como Pacto Fiscal que, en síntesis, venía a ser lo mismo, estableciendo unos años de cadencia para el despliegue definitivo, ya que hay que pasar de una agencia tributaria a otra. El pasado mes de marzo, la consellera de Economia en funciones, Natàlia Mas, planteó una propuesta en línea con la de Mas en la que se pasaría de recaudar el 9% de los impuestos a la totalidad y calculó unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual. Es obvio que habría una reducción de la financiación para el resto de las autonomías, pero debería ser el Estado quien las compensara con sus recursos.

Para ello es imprescindible salir del régimen común que ahoga cualquier negociación con el café para todos. ¿El gobierno español puede hacerlo? Sí, claro. No necesita ningún consenso con las otras autonomías, ya que dispone de una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a través del Ministerio de Hacienda. Y después está la propuesta del PSC, que viene a ser un reequilibrio de Catalunya dentro de las comunidades autónomas en el que se incorpore el principio de ordinalidad y que quien aporte más recursos sea la que más reciba y no se dé la situación actual, en que es la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos. Para eso también propone un Fondo de Garantía de Servicios Públicos y un Consorcio Tributario de Catalunya paritario entre España y Catalunya.

Resumiendo, o la llave de la financiación de Catalunya y de la recaudación y la gestión de todos sus impuestos la tiene únicamente Catalunya, lo que permitiría eliminar el déficit fiscal, o sigue estando como hasta ahora, en Madrid, entre el palacio de la Moncloa y el ministerio de Hacienda, a través de consorcios paritarios. Esa va a ser la batalla. Autonomía financiera total o dependencia financiera como hasta ahora, pero un poco mejor.