La comparecencia del hasta hace unas pocas horas secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, al que le ha aportado su móvil y el acta notarial en el que aparecen protocolizados los wasaps enviados desde Moncloa, que buscaban que fuera él quien filtrara los correos entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que le investigaba por delito fiscal, marcan, sin duda alguna, un antes y un después. Las consecuencias son enormemente graves para el fiscal general del Estado (FGE) y afectan directamente a los primeros niveles del palacio de la Moncloa, con perjuicios directos muy probablemente para un actual ministro, y sin que se pueda descartar que acabe dañando a un segundo.

Ya nada de lo que pueda suceder este fin de semana en Sevilla durante el 41.er congreso del PSOE va a ser importante, por más ruido que los socialistas pretenden llevar a cabo. No va a ser suficiente el apoyo de los medios cercanos de Madrid, ni el del reconvertido diario socialista de Barcelona, para esconder lo que ya es una obviedad: el FGE se va a enfrentar a una petición de años de prisión y a unos cuantos de inhabilitación por revelación de secretos, el subtipo agravado de autoridad. Un camino idéntico va a seguir Pilar Sánchez Acera, en aquella época jefe de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Habida cuenta de que los wasaps entre Lobato y Pilar Sánchez no debían ser por iniciativa de dicha segunda, lo que deberá dilucidar ahora el juez Hurtado es de donde salió la orden. ¿De qué nivel del palacio de la Moncloa llegó la instrucción para cometer una ilegalidad? ¿Fue Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital y de Función Pública? ¿O, más para arriba, donde solo hay dos posiciones, Félix Bolaños o quién sabe si en esta pirámide de instrucciones estaba Pedro Sánchez?

¿De qué nivel del palacio de la Moncloa llegó la instrucción para cometer una ilegalidad?

A Lobato le salvó, al menos en parte, su conocimiento profesional —es inspector de Hacienda—, aunque también es verdad que no acudió al notario hasta conocer que la Guardia Civil se había llevado todos los aparatos electrónicos del FGE. En medio había pasado varios meses. Con la información que hoy ya conocemos es inviable la continuidad de Álvaro García Ortiz. Su dimisión es obligada o, si no, su cese en el primer Consejo de Ministros que se celebre. No estoy seguro de que esto pase, ya que debe pensar que su protección es mayor estando en el cargo y los que lo tienen que cesar pueden tener un temor aún mayor: ¿qué es todo lo que hay en el móvil del fiscal general ahora que la UCO de la Guardia Civil ya ha empezado a romper los códigos de seguridad?

El gran problema para Moncloa es que estirando de los diferentes casos judiciales que hay en marcha, los círculos se han ido cerrando peligrosamente. Este viernes, por ejemplo, cayó otra bomba en Ferraz: en contra de lo que daban a entender los portavoces socialistas, el comisionista del caso Koldo y también empresario Víctor de Aldama sí estuvo la noche electoral de la victoria de 2019 en la sede del PSOE. Un vídeo le sitúa en el interior de la sede, y ya está más cerca de las revelaciones periodísticas que apuntaban que llegó a estar en la planta noble. Por lo que parece, en el PSOE, que se acaben sabiendo las cosas, todo es cuestión de tiempo. Y cada vez menos tiempo.