Nuevamente, desde el Principado de Andorra se intenta llevar ante la justicia al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, por la actuación de su gobierno en la rama andorrana de la Operación Catalunya. No solo a Rajoy, sino también a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, titulares de Economía y Hacienda y del Interior en el gobierno del presidente del Partido Popular en los años más duros de represión policial y judicial contra el independentismo catalán, a partir de 2012. Aunque un juzgado de Madrid aceptó inicialmente la petición de otro juzgado de Andorra, formulada a través de una Comisión Rogatoria Internacional (CRI), después fue rechazada y ahí anda, desde hace más de un año, bloqueada en los tribunales españoles.

Pues bien, ahora el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDH), que ejerce la acusación popular junto con la asociación catalana Drets, ha decidido volver a la carga y pedirá a la juez de Instrucción número 2 de Andorra que vuelva a exigirles la declaración como querellados. Rajoy, Montoro y Fernández Díaz alegan que tienen inmunidad, ya que cuando sucedieron los hechos eran cargos públicos, una opinión que no comparten ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún tiene que pronunciarse al respecto. Curioso país este de España, en el que se pueden cometer todo tipo de atrocidades y alegar inmunidad, o bien Juan Carlos I refugiarse en la inviolabilidad durante sus años de mandato como rey, y aunque incurrió en cinco delitos fiscales, tantos como años analizados, no pudo ser denunciado por inviolabilidad, prescripción o porque regularizó sus fondos. También pudo cometer cohecho y blanqueo, pero escapó a su responsabilidad por idénticos motivos.

En cualquier caso, vale la pena poner en valor el trabajo que realiza el Institut de Drets Humans d'Andorra, que en un terreno de juego tan pequeño y con la justicia española —al menos hasta la fecha— tratando de que el caso caiga en el olvido, se siguen presentando iniciativas legales para que se mantenga vivo. Lo mismo que en el Congreso de los Diputados, donde en el marco del acuerdo de los independentistas con el PSOE para la confección de la nueva Mesa del Congreso y la presidencia de Francina Armengol, se acordó recuperar la comisión de investigación parlamentaria tras el fiasco de la legislatura pasada, en la que las desavenencias del PSOE y Podemos no hicieron, sino bloquear el grueso de las comparecencias imprescindibles para arrojar algo de luz y dejar la comisión en una auténtica vía muerta.

En esta nueva legislatura, y si finalmente llega a haber investidura de Pedro Sánchez, todo debería ser diferente. Básicamente, porque a los socialistas se les habría acabado la posición escapista que habían adoptado en el pasado y estarían mucho más maniatados. También porque, si al final hay gobierno, la confrontación con el PP y Vox no guardará parangón con la legislatura pasada y los socialistas deberán abrir a fondo la carpeta judicial, aunque sea sin el acuerdo con el Partido Popular. Eso conllevaría una tensión desconocida y, en este marco, es posible que existiera una posibilidad real de que se conociera información realmente sustancial de la Operación Catalunya y los tenebrosos años de gobierno del PP.